Los dueños de solares que interesen construir allí residencias prediseñadas, ya sean de cemento o madera, podrían cualificar para los incentivos que ofrece el programa gubernamental “Mi Casa Propia” de convertirse en Ley un proyecto aprobado este jueves por la Cámara de Representantes.

La medida, que pasa ahora a la consideración del Senado, se dirige a atender a “un sector significativo del mercado que todavía ha quedado desprovisto de recibir esas ayudas”, según se establece en su exposición de motivos.

Dicho sector es descrito como las “cientos de familias de escasos recursos económicos que actualmente cuentan con un solar, principalmente en la zona rural, cuya única opción viable para obtener una vivienda es mediante la construcción de su propia vivienda”.

Se afirma, por otro lado, que las casas prediseñadas en cemento o madera constituyen una alternativa viable, segura y económica para que esas familias puedan tener su hogar. 

Se establece en el proyecto que para cualificar en los programas de incentivos gubernamentales el vendedor de estas casas debe ser una empresa bonafide registrada en el Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico y en el Registro de Contratistas del Departamento de Asuntos del Consumidor, que se dedique a la venta de viviendas prediseñadas en cemento o madera, ya sean terreras, de dos niveles o en elevación, cuyos planos estén aprobados por la Oficina de Gerencia de Permisos. 

Por otro lado, se dispone que el valor máximo de esa vivienda no podrá exceder de los $200,000 y el precio de venta de los materiales de construcción del modelo seleccionado no podrá exceder de los $90,000.

La Cámara aprobó además una medida que enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico para, entre otras cosas, limitar el término que puede ejercer un miembro de la junta de condomines en una misma posición.

“Bajo ninguna circunstancia se podrá elegir a una persona para ocupar un puesto en la Junta por más de dos términos consecutivos. Una vez haya ocupado un puesto por dos términos consecutivos, dicha persona no podrá ocupar el mismo puesto en la Junta hasta transcurridos dos años de que ocupó ese puesto”, dispone la legislación que pasa también al Senado para su evaluación.