El secretario del Departamento de la Vivienda (DV) y Presidente de la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Fernando Gil Enseñat, firmó una línea de crédito de $30 millones de Banco Popular para habilitar unas 3,584 unidades de vivienda para personas con discapacidades en los residenciales públicos de Puerto Rico, se informó mediante comunicado de prensa.

La iniciativa busca cumplir con las disposiciones de la Ley ADA (American Disability Act), y la Ley de Vivienda Justa. El estatuto federal exige  tener el 2% de las unidades habilitadas para personas con problemas sensoriales y el 5% de accesibilidad.

La aprobación de la línea de crédito por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), del DV y del Desarrollo Urbano Federal (HUD), se concretó a mediados de febrero y tiene como colateral dinero de fondos federales que estaban en la banca privada y que fueron liberados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). 

El gobernador Ricardo Rosselló fue el gestor ante la petición a la JSF.

“El compromiso del gobernador Ricardo Rosselló, según esbozado en el Plan para Puerto Rico, establece hacerle justicia a personas con impedimentos. Nuestra meta es cumplir con cada una de las necesidades de uno de los sectores más vulnerables del país. El entorno físico y social no debe sumar mayores impedimentos a una persona discapacitada, que de entrada ya tiene unas limitaciones. Todo lo contrario, la vivienda debe cumplir a cabalidad con todas las necesidades y prioridades de los residentes, tal y como lo dispone la Ley ADA, en su sección 504”, aseguró en declaraciones escritas el Secretario de Vivienda.

La línea de crédito podría alcanzar hasta $51 millones.

El titular de Vivienda, entretanto, evalúa la contratación de una firma especialista en las disposiciones de la Ley ADA que trabajaría en los diseños y mejoras de las viviendas.