Loíza. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares vio con buenos ojos ayer la resolución del Senado que busca que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revelen si son acreedores de bonos, ante un posible conflicto de interés.

“Cualquier elemento que traiga claridad y transparencia al asunto, siempre es favorable. En la medida que todos tengamos claro y cuentas claras, pues se pueden tomar decisiones mejores”, sostuvo Rosselló Nevares,  a la vez que rechazó la quiebra y la reestructuración de la deuda como alternativas al atolladero fiscal del país.

Y, mientras avanzaba el reloj para el plazo de 48 horas que le dio al mandatario la JSF para que les presente un plan fiscal enmendado, el Primer Ejecutivo se aferraba al diálogo. Rosselló Nevares le pidió ayer en una segunda carta a la Junta que sus equipos se sienten a negociar. Mientras tanto, el plazo que le otorgó la JSF a la administración Rosselló  vence hoy en la mañana.

“Hemos tenido un intercambio y hoy  (ayer) le reiteré a la JSF la disponibilidad para tener diálogo, sentarnos en una mesa y hablar sobre los datos”, dijo el Primer Ejecutivo en una conferencia de prensa en la Alcaldía de Loíza, hasta donde llevó su programa Contacto con el Pueblo.

“Así que yo hago un llamado a la cordura. Hago un llamado hacia ser racional. Sentarnos, que la evidencia dicte, que tomemos las decisiones para ser fiscalmente responsables”, sostuvo.

Agregó que la Junta ha establecido “unos estimados que fueron construidos de manera equivocada y estamos en la disposición de sentarnos en la mesa”.

“Si hay alternativa que yo no he contemplado, que es mejor para Puerto Rico, la consideramos, pero tiene que ser algo que vaya en la dirección de mejorar a Puerto Rico y se tiene que probar que esencialmente hay una falta en algunos de estos renglones de capital que sea necesario”, expresó.

Rosselló Nevares rechazó la premisa del asesor del Tesoro Federal, Antonio Weiss,  de que la quiebra es la alternativa. 

“Yo no puedo concebir cómo alguien entiende que la alternativa para una jurisdicción es irse a la quiebra”, sostuvo el mandatario.

En una columna en la revista Bloomberg, Weiss favoreció que Puerto Rico se acoja ya al Capítulo III de Quiebras, de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (PROMESA, por sus siglas en inglés).

“Que en algunos momentos,  en algunas circunstancias, si no hay otro remedio eso sea lo que termine pasando, eso es una cosa;  pero tratar de proponer esto como la alternativa para echar a Puerto Rico hacia adelante, eso yo no creo que hay mucha gente que apoye esa dirección”, indicó para luego insistir en el plan que le presentó a la JSF.

“Cuando uno aclara las cosas estoy seguro que van a ver que nuestro plan presenta y soluciona los problemas fiscales de Puerto Rico en el plazo requerido y nos permite tener una trayectoria para hacer un nuevo gobierno nosotros, no la Corte de Quiebras”, dijo.

“Eso es lo que estamos enfocando. No nos estamos enfocando en llevar esto a la quiebra”, sentenció   Rosselló Nevares aunque reconoció que es una posibilidad dentro de la Ley Promesa.

“Mi posición siempre ha sido de ir por una ruta de la renegociación, Título VI y de un plan fiscal que sea viable para Puerto Rico”, indicó. 

El jueves, el presidente de la JSF, José B. Carrión, le comunicó en una carta al Gobernador que no certificarían el plan fiscal presentado a menos que sea enmendado y le dio un plazo de 48 horas para hacerlo. En la carta, la JSF  concluyó que el plan fiscal   se sostiene en una proyección irreal de crecimiento económico y que el gobierno subestimó gastos de entre $360 millones y $810 millones para este año fiscal.

El Gobernador, mientras tanto,  rechazó que el plan fiscal de su administración calcule el impuesto a las compañías foráneas en dos partidas y que la propuesta contemple un impago a los bonos de COFINA.

Dijo que el impuesto a las foráneas se propone extender a dos años “y eso nos permite llegar a parte de los requisitos de recaudos” de la JSF.  

“La política pública de nuestra administración no es ir al impago, es ir a la renegociación de los términos de la deuda”, explicó.

El Gobernador también defendió las expresiones de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, quien dijo que no podrá cumplir con la entrega de su plan fiscal ante la solicitud de la JSF de aumentar los recortes de gastos en la institución docente.

El jueves  la JSF ordenó a la UPR recortar sus gastos en $450 millones, después de una petición original de $300 millones.

“Yo creo que ella tiene una pregunta legítima de cómo de lo que era un estimado de $300 millones de reducción ahora de momento son $450 millones”, reaccionó el Gobernador. 

Apuntó que “siempre” se mantiene en comunicación con los presidentes de las Cámaras Legislativas, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez y que este fin de semana podrían reunirse para evaluar los pasos a seguir. 

“Como mínimo, nos reunimos una vez a la semana y estoy seguro que nos estaremos reuniendo para seguir hablando de la situación fiscal”, insistió.

Los nuevos ajustes que pide la Junta 

- Reducir más el bono de Navidad. 

- Cambios en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para que más gente trabaje.

- Cierre de más escuelas.

- Recortes de contratos. 

- Controles en el uso de la tarjeta de salud. La Junta propone un recorte de $750 millones para el 2021.

- Las reducciones de gastos para el 2021 deben ser de $1,300 millones. 

- Recortes a la Universidad de Puerto Rico para alcanzar los $450 millones para el 2021.

- En la Rama Legislativa debe haber un ahorro de 20% en los gastos.