“La Universidad es autónoma para las buenas y para las malas”.

Esa fue la respuesta ofrecida hoy, miércoles, por el gobernador Alejandro García Padilla al ser preguntado por periodistas sobre las denuncias de favoritismo y padrinazgo en la repartición de la Beca Presidencial en la Universidad de Puerto Rico (UPR), un proceso que es investigado por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

Luego de esa expresión el Gobernador prosiguió una breve argumentación con preguntas retóricas. “¿Dónde yo estudié Derecho? En la Inter (Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. ¿Quién era el Decano de la Iupi entonces? Y no me aceptaron”, sostuvo el mandatario en alusión a que su hermano, Antonio García Padilla, era el Decano de la Facultad de Derecho de la UPR en Río Piedras, cuando él solicitó ingreso y no fue admitido.

El primer ejecutivo no hizo más expresiones sobre las presuntas irregularidades que han rodeado el proceso de otorgamiento de la Beca Presidencial a algunos estudiantes allegados a su administración, entre ellos, Carlos Pagán, quien fue ayudante de su hermano Antonio García Padilla en la Presidencia de la UPR; su exasesor en Asuntos Laborales, Arturo Ríos Escribano y la sobrina del actual presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Mónica Sánchez.

Ríos Escribano anticipó que si una auditoría demuestra irregularidades en el otorgamiento de las becas, los alumnos favorecidos por las ayudas deben renunciar a las mismas. Dejo entrever que tomaría esa iniciativa, si así se evidencia eventualmente. 

La Junta de Gobierno de la UPR, por su parte, recomendó una auditoría externa sobre la concesión de las becas y se propuso a la licenciada Berta Mainardi como perito en el proceso. Sin embargo, la abogada declinó participar.

“Ante  la importancia y seriedad que esta investigación conlleva para la institución, es indispensable que no se afecte la misma por cuestionamiento  alguno sobre la legitimidad y constitución de los integrantes de la Comisión (a cargo de la auditoría externa)”, dijo la licenciada al explicar por escrito su determinación.

“A los fines de evitar que este hecho se utilice para poner en duda la constitución de la Comisión y los resultados de su trabajo investigativo, le informé a la Junta mi determinación de abstenerme de formar parte de la misma”, agregó.

Mainardi aparece en el registro de la Oficina del Contralor con tres contratos de “servicios profesionales” con la Junta de Gobierno de la UPR, por la suma de $219,750. Dos de los contratos ya vencieron. El que sigue vigente vencería el próximo 30 de junio.