La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico reclama 319 millones de dólares más en recortes, de los cuales 103 millones se usan actualmente para el pago de nóminas y diversos subsidios sociales, informaron hoy fuentes oficiales.

El recorte afectaría el pago de nóminas, subsidios municipales, asignaciones a organizaciones sin fines de lucro y eventos culturales y deportivos, así como apoyo a fundaciones, becas y algunas industrias como la agrícola.

Además, 16 millones de dólares serían retirados a la rama legislativa, entre otros.

Así figura en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schultz, la cual fue difundida hoy y se encuentra rubricada por el presidente de la JSF, Jose Carrión.

En la misma señala que el presupuesto del Gobierno para 2018 es en su mayoría concordante con el Plan Fiscal de la JSF y refleja "un gran avance para lograr una responsabilidad fiscal", aunque contiene otros capítulos que no lo son.

Por ello, apunta, se deben implementar varias medidas necesarias para que se cumpla el objetivo.

A modo de ejemplo, menciona que se queda corto en 200 millones de dólares en lo que a ahorros operacionales se refiere.

Además, indica que el presupuesto aprobado que debe entrar en vigor el próximo fin de semana, incluye un exceso de gastos que suman 119 millones de dólares y señala ciertos errores en la asignación a la rama judicial.

A su vez, afirma que en caso de no subsanar los errores, la JSF impondría la reducción de la jornada laboral y la eliminación de la paga extra de navidad para los funcionarios.

En este sentido, le da de plazo hasta el 29 de este mes a las 17.00 horas (21.00 GMT).

La JSF, sin embargo, también reconoce el esfuerzo del Ejecutivo para elaborar dicho presupuesto y el "sacrificio y trabajo duro" que ha supuesto.

"Lograr un equilibrio fiscal es esencial para la estabilización de Puerto Rico", concluye.

La situación económica de la isla empeoró después de que en 2016 el entonces Ejecutivo liderado por Alejandro García Padilla se declarara incapaz de asumir una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.

La crítica situación provocó que el Congreso en Washington aprobara la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en junio de 2016.

Esa norma establece la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad de control federal al Ejecutivo de la isla caribeña con capacidad para supervisar e, incluso, vetar cualquier decisión del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló.

Promesa también establece lograr presupuestos balanceados, reestructurar la deuda a largo plazo de Puerto Rico, restablecer el acceso a los mercados de capital a tasas razonables y restaurar la oportunidad económica para todos en la isla.