La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) investigará un informe preliminar que le refirió el Departamento de Justicia sobre el otorgamiento de becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el año académico de 2015-2016. 

Los implicados son el entonces presidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos; el otrora rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez y el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.

Según Justicia, hay causa suficiente para investigar a Walker Ramos y a Severino Valdez por utilizar, alegadamente, los deberes y las facultades de sus puestos para obtener, directa o indirectamente, beneficios a favor de una persona privada en contravención al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental. 

“En el caso del expresidente, también lo estamos refiriendo por posibles violaciones al artículo 264 del Código Penal de 2012 (malversación de fondos públicos). Además, referimos al expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, doctor Jorge Sánchez Colón, ya que pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2(s) de la misma ley, consistente en haber incurrido en acciones que ponen en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”, indicó ayer por escrito la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

No se refiere a las tres personas que recibieron las becas durante ese periodo: Mónica Sánchez, sobrina de Sánchez; Arturo Ríos Escribano, exasesor del entonces gobernador Alejandro García Padilla, y Carlos Pagán, pasado ayudante del hermano del gobernador y expresidente de la UPR, Antonio García Padilla.

Entre los tres se desembolsaron decenas de miles de dólares. La beca incluía, además, la promesa de un puesto como profesor en la UPR.

Piden evaluación independiente

Harry Anduze, abogado de Severino Valdez, dijo que hasta ayer en la tarde no le habían hecho llegar el contenido del referido, pero está seguro de que su cliente no cometió irregularidades.

“Yo, verdaderamente, esperaría que el panel hiciera una evaluación independiente y llegara a la conclusión de que no tiene que radicar ese cargo”, indicó Anduze en entrevista con Primera Hora.

 Según el abogado, el primer informe interno de la administración de la UPR no siguió el debido proceso de ley y violó el derecho de los implicados.

“Una cosa terrible”, planteó Anduze.

Luego se designó a la exjueza Mercedes Marrero, quien concluyó que no había evidencia de delito “y señala lo que todo el mundo siempre ha dicho: que lo que tiene la universidad es un reguero con eso y que los funcionarios, según ella, hicieron lo que permite el reglamento”.

Intentos por conseguir al abogado de Walker Ramos y al de Sánchez no rindieron frutos a la hora de cierre de Primera Hora.

Tampoco fue posible conseguir a los receptores de las becas. De ellos, Ríos Escribano había dicho que devolvería el dinero recibido.

Por otro lado, la secretaria de Justicia alegó en su comunicado que su antecesor, César Miranda, dio instrucciones de detener la pesquisa en esa agencia, desde el 16 de noviembre de 2016, y así se mantuvo hasta el 23 de febrero de 2017, cuando “se identificó como pendiente en el Departamento de Justicia” indica la comunicación escrita. 

A cargo de la investigación estuvieron la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal y la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo, con el apoyo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Este referido salió a la luz tan sólo horas después de que el FEI asignara fiscales especiales independientes para investigar a exrectores y exfuncionarios de la UPR, por un esquema de facturas falsas relacionado a un programa de adiestramientos ocurrido entre el 2010 y noviembre de 2012, cuando Luis Fortuño era gobernador de Puerto Rico.