La aprobación del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se tornó en una oportunidad para que algunos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tomaran posturas a la defensiva ante varios reclamos que le hace el pueblo sobre sus posiciones privilegiadas de vida.

También permitió que aceptaran que no es justo para el pueblo que se impongan los ajustes que han requerido a todo el gobierno para poder salir de la crisis fiscal.

José Ramón González, por ejemplo, destacó que estudió con beca y sus padres eran pensionados. Lo hizo a reaccionar un reclamo de un estudiante de la UPR, Jesús Soto, quien alegó que al hacer sus recortes e imponer más cargas económicas a los residentes de Puerto Rico solo se tomaba en cuenta los puntos de vistas científicos y no la realidad humana.

“No es justo que se estén tomando decisiones desde una silla que no ha sabido sufrir la realidad actual puertorriqueña, una realidad que nos aplasta, nos tienen en el piso, y nos pasan por encima”, dijo el joven.

La respuesta del miembro de la Junta fue que con sus expresiones “parece que no tenemos sensibilidad personal y la realidad es que sí la tenemos”.

“Me encantaría poderle decir que esto se puede solucionar con una varita mágica, pero la realidad esto no es así. Puerto Rico tiene que llegar a un equilibrio fiscal sostenible”, agregó.

Otro miembro de la Junta, Andrew Biggs, por su parte, aceptó que cuando “cuando las cosas salen mal, se afectan los inocentes y en la UPR y en Puerto Rico, eso es lo que estamos viendo”. 

“Nosotros no podemos imprimir dinero. Nosotros estamos haciendo lo más que podemos para resolver estos problemas y lograr un desarrollo sostenible”, sentenció.

Tras estas declaraciones y una corrección de que el plan de retiro de la UPR no tendría una reducción de un 10% porque su condición económica no está en cero como los planes de retiro del gobierno, la JSF aprobó por unanimidad el nuevo plan fiscal de la UPR. El mismo también impone más recortes y restricciones, principalmente basadas en que hubo una reducción en la cantidad de estudiantes y los problemas económicos que sigue registrando el gobierno de Puerto Rico.