A poco más de una hora de que el gobernador Ricardo Rosselló anunciara que aceptaba someter al gobierno d Puerto Rico a las disposiciones del capítulo de quiebra bajo la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal sometió un recurso de 16 páginas de la petición voluntaria para acogerse a las disposiciones de ese estatuto ante el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.

El presidente de la Junta, José Carrión, explicó que se determinó que era necesario y apropiado que el Gobierno de Puerto Rico radicara dicha petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA. 

Mira aquí la petición de la junta:

El documento de 16 páginas incluye una lista de los 20 acreedores con las mayores deudas no aseguradas.El listado es encabezado por Banco Popular de Puerto Rico, con $12,096,636,080, el Cuerpo de Ingenieros con $212,302,479, y Total Petroleum Corps, con $11,506,512.98.

Hay otras deudas que están aseguradas por leyes o por la constitución y que no se incluyen en esta lista.

Carrión enfatizó que esta radicación bajo el Título III no debe precluir esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores.

 “La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, dijo Carrión. 

El Chairman de la Junta de Supervisión explicó que el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios. 

 “La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión. 

A continuación la lista de los 10 principales acreedores no asegurados por el gobierno:

Banco Popular de Puerto Rico, como agente pagador de un monto total de  $12,096,636,080.00

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, con $212,302,479.00

Total Petroleum Corps, con $11,506,512.98

Evertec, Inc. $10,167,835.37

Microsoft $8,120,058.00

Baxter Sales & District PR Corp $6,974,075.05

Cesar Castrillo, Inc. $6,008,917.52

IKON Solutions $5,857,040.37

Kirkland & Ellis LLP $5,342,970.45

MC&CS $3,998,904.15