Desde que se ratificó la Ley 80 en 1976, comenzaron las presiones para que fuera derogada, aseguró ayer el exsenador Cirilo Tirado, padre, quien era miembro de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes cuando se aprobó la pieza legislativa hace 42 años.

“Luego yo presidía la Comisión del Trabajo en el Senado y tenía una presión enorme de industriales y comerciantes para la eliminación de esa ley, pero yo nunca claudiqué. Decía que había que velar por la salud y el bienestar de los trabajadores. Esa ha sido la historia de esa ley. Se había aguantado todo hasta ahora”, expresó Tirado en declaraciones a Primera Hora.

El abogado, que fue legislador durante 20 años y se retiró de la política en 1996, sostuvo que eliminar la ley “sería un retroceso al pasado, porque es una legislación de avanzada”.

Mientras tanto, el proyecto de La Fortaleza que propone eliminar la Ley 80 no está en el calendario que considera hoy la Cámara de Representantes y, aunque la medida podría ser bajada a última hora a votación, no parece tener los votos suficientes de la mayoría novoprogresista.

Mientras tanto, legisladores de la minoría popular denunciaron ayer que “hay mucha presión” sobre los representantes de la Palma opuestos a la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Para que la pieza de ley pueda pasar en la cámara baja, se requieren al menos 26 votos a favor.

Hasta el viernes, la Comisión de Gobierno no había radicado el informe de la medida, mientras, al menos los novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló, José “Quiquito” Meléndez y Pedro “Pellé” Santiago se han expresado en contra de la medida que les quitaría a los trabajadores del sector privado el derecho a recibir una mesada en casos de despido sin justa causa.

Ayer los legisladores de la minoría popular Luis Vega Ramos, José “Conny” Varela y Manuel Natal Albelo indicaron que concluidas las vistas públicas del proyecto de ley, ni los funcionarios del Ejecutivo, ni la JSF les suministraron evidencia sobre cuántos empleos se crearían, cuántas empresas nuevas llegarían al País o de cómo mejorará la economía si derogaran el estatuto.

“Entiendo que los representantes de la mayoría están ahora en un proceso trasbastidores de ortopedia, con promesas y amenazas, para tratar de conseguir los votos que necesitan”, sostuvo Vega Ramos y añadió que la delegación popular votará en contra.

“No aceptaremos el chantaje del gobernador Ricardo Rosselló y la JSF de entregar derechos laborales a cambio de que se le aumenten los presupuestos a la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, La Fortaleza y la Oficina de la Comisionada Residente para que continúen con los puestazos y contratazos”, indicó Vega Ramos.

“La medida no está en el calendario. No puedo decir que siempre surjan sorpresas a última hora, pero ningún legislador de mayoría me ha mencionado que la medida va a bajar mañana (hoy)”, añadió.

El representante Natal Albelo dijo que el Gobierno y la Junta alegan que en estados de la nación americana no existe una ley como la 80, “pero obvian que las condiciones laborales y el salario mínimo en Puerto Rico no son comparables con los de los estados”.

Varela, quien también es portavoz popular en la Comisión de Gobierno, dijo que la discusión ha girado en torno a que, según el gobernador, este acuerdo haría viable el desarrollo de la economía, protegería el pago del bono de Navidad y mantendría las licencias de vacaciones y enfermedad del sector público. 

“No obstante, la propia Junta aseguró que el tema del bono navideño y la permanencia de las licencias no estaban garantizadas por los cinco años que dura el Plan Fiscal”, sostuvo Varela. 

Por su parte, el legislador independentista Denis Márquez Lebrón dijo que espera que los representantes de la Palma que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de ley, se mantengan firmes.

“Espero que estos legisladores no se rajen y se mantengan firmes hasta el final, en defensa de la clase trabajadora, como lo han expresado en múltiples ocasiones”, expresó Márquez Lebrón.

La medida no está en calendario hoy, confirmó Rodríguez Aguiló, quien es portavoz de la mayoría novoprogresista, y sigue “firme” en su oposición. Indicó que hay un caucus del Parto Nuevo Progresista citado para el mediodía “para todos los temas, pero no tengo duda de que se tocará la Ley 80”.