Sorprendido, con poca fe en las autoridades y casi convencido de que los golpes físicos que recibió por parte del representante José Luis Rivera Guerra serán despachados con un castigo “por lo llanito” que, como mucho, redundará en  una simple multa. Por eso contempla buscar justicia a través de una demanda civil contra el legislador.    

Así se siente el líder sindical Julio Vargas, el hombre que el pasado 27 de abril- en medio de una manifestación en el Capitolio- recibió por parte del funcionario un codazo que le partió la boca  y lo puso en riesgo de un incidente mayor por tratarse de un paciente diabético.

“Estoy sorprendido y frustrado con todo lo que ha pasado”, dijo el líder sindical al reaccionar a la desestimación de una querella que presentó contra Rivera Guerra el 8 de junio en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y ante el anuncio que hizo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sobre una posible radicación de cargos contra el político por “agresión simple”.

Agregó que “esperaba más” del Departamento de Justicia, considerando el récord delictivo de Rivera Guerra, quien resultó convicto en 2013 al declararse culpable  de residir en una vivienda que no tenía permiso de uso y  por no informar a la Oficina de Ética Gubernamental la construcción de una piscina. Ese mismo año, fue sentenciado a cumplir servicio comunitarios y a pagar una multa de $2,900.

“Estamos hablando de un individuo -con conocimiento en artes marciales- que quedó grabado en un vídeo dándome, que al momento de los hechos ni siquiera lo arrestan y que, después de la agresión, me invitaba a pelear dentro del anexo y eso también quedó grabado. Y ese individuo es legislador de Puerto Rico. Un  individuo que en cinco años ha tenido problemas con la justicia en varias ocasiones. Si hubiera sido yo, me hubieran arrestado al momento y me hubieran radicado cargos graves”, expresó Vargas.

Con desánimo agregó que  está “casi seguro” que el caso que radicará Justicia “se irá por lo llanito”, tal como sucedió con la querella que presentó en el Capitolio y que ayer fue desestimada por supuestas “faltas de prueba”.

“Se están yendo por lo más sencillo para tirarle el toallazo y, al final del camino, no se hará ninguna justicia.  Aunque este delito cofigura que puede haber una pena de seis meses de cárcel, me sospecho -y ojalá me equivoque- que terminará en una multa de $5,000 como mucho”, manifestó.

De otra parte, adelantó que mantiene conversaciones con sus abogados Orvill Valentín y Wilfredo Rodríguez, para entablar una demanda civil contra el representante.

“Tengo un año para radicarla, así que quiero evaluar bien los mecanismos que utilizarán en los procesos pendientes para saber qué acción tomar”, aseguró Vargas.