Un grupo de madres y padres de educación especial, organizaciones profesionales y de derechos humanos, unidos en el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, convocaron hoy a una marcha en protesta por los proyectos de privatización de la educación, a celebrarse el domingo, 18 de marzo, a las 10:30 a.m., partiendo de la Plaza de Armas del Viejo San Juan y llegando a La Fortaleza.

?Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, denunció el carácter inherentemente discriminatorio de las escuelas charter ya que, contrario a las escuelas públicas, la ley les permitiría escoger sus estudiantes, imponiendo “ciertas cualificaciones” que a juicio de la charter “sean razonablemente necesarias” para los fines que persiga la escuela que, además, vienen obligadas a ofrecer las clases en inglés y estar centradas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (currículo STEM por sus siglas en inglés). 

Estos elementos, junto al criterio de “costo efectividad” que predomina en la propuesta de reforma, perjudicarán de forma más acentuada a los niños y niñas de educación especial que según el conteo del pasado año sumaban 136,889. El 76.25% de estos niños están ubicados en corriente regular, junto a estudiantes típicos.

?Mientras, Jinette Morales, madre y activista de educación especial, invitó a todos los sectores comprometidos con la niñez a solidarizarse con el Movimiento y a participar de la marcha convocada para el 18 de marzo. Indicó Morales que para que la propuesta del gobierno sea “costo efectiva”, requerirá hacinamiento en las escuelas y los salones, lo que hará imposible que se cumpla con los requisitos de ubicación para niñ@s con diversidad funcional. 

Además, al igual que Miguel Rivera, de la Federación de Maestros de Puerto Rico, subrayó cómo se afectará el magisterio una vez estén sujetos, como empleados de las charter, a la reforma laboral que exige la Junta de Control Fiscal.

Por su parte, la exsenadora María de Lourdes Santiago llamó la atención a la figura del “Autorizador” que, según los proyectos de ley, podrá ser una universidad privada a la que se pagará con fondos públicos para que tome las decisiones sobre las charter, sin que esas decisiones puedan ser revisadas, y a quien se le concedería inmunidad absoluta, es decir, que no podrá ser demandado aunque sus acciones constituyan discrimen o causar daños, un privilegio que ni siquiera tiene el Estado. 

El abogado José Torres, abogado del pleito de Rosa Lydia Vélez, cuestionó que el proyecto ignorara la Sentencia por Estipulación a cuyo cumplimiento viene obligado el gobierno.

?La Declaración adoptada por el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública ya ha sido suscrita por Amnistía Internacional, el Colegio de Trabajadores Sociales, la Coordinadora Paz para la Mujer, el PIP, la Federación de Maestros, UNETE, EDUCAMOS, la sicóloga Ángeles Acosta, Ryan y su lucha, el Comité Timón del pleito de clase y el Movimiento SOS.