La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), mejor conocida como la Oficina de Comunidades Especiales, desaparecerá para convertirse en la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

Esto ocurriría de aprobarse el Proyecto de la Cámara 6, para el que hubo ayer una vista pública de la Comisión de Gobierno.

Los únicos invitados a deponer fueron el coordinador general designado de OFSA, Jesús Vélez Vargas, y Omar Negrón Judice, de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

Según Vélez Vargas, ODSEC serviría como un “andamiaje ágil y eficiente” que permitiría integrar los programas de desarrollo comunitario ofrecidos por distintas agencias del gobierno y los municipios, así como a las organizaciones sin fines de lucro.

“Una de las principales quejas de los líderes comunitarios es que tienen que ir a diferentes entidades para solicitar servicios. Nosotros queremos evitar esa duplicidad”, dijo en sala Vélez Vargas. “Actualmente, no existe una política pública coherente y coordinada”.

La medida también transferiría a ODSEC los fondos federales que financian muchos de los proyectos y que actualmente administran otras entidades, como la Unidad de Organizaciones Comunitarias de OCAM o el Departamento de la Familia. Con esto buscan “maximizar su obtención y utilidad”, según la medida.

“Nuestra oficina compite directamente con servicios de otras agencias, lo que representa una duplicidad de esfuerzos gubernamentales dentro de nuestras funciones y una falta de efectividad en la obtención de fondos”, argumentó, por otra parte, Negrón Judice, de OCAM.

El proyecto también contempla integrar a las organizaciones sin fines de lucro a la ecuación y desarrollar políticas públicas para su desarrollo.

“Según un análisis  de Estudios Técnicos, se estima que las organizaciones sin fines de lucro impactaron a 700,000 personas en el 2014 a través de servicios directos. De [las] registradas en el Departamento del Estado, el estudio estima que [...] el 22% se categoriza como organizaciones de base comunitaria” , depuso Vélez Vargas.

A preguntas del representante del Partido Popular Carlos Bianchi Angleró, Vélez Vargas aseguró que la creación de esta nueva entidad no tendría ningún impacto fiscal puesto que se asignarían  los mismos fondos que a la Oficina de Comunidades Especiales. 

Sin embargo, admitió que al ampliar el alcance de la estructura se necesitará aumentar la plantilla de empleados, aunque no precisó cantidad. Ante ello, sostuvo que se beneficiarán del “Empleador Único”, medida que evalúa la legislatura y que permitiría la movilidad de empleado entre agencias del gobierno.

El proyecto también contempla investigar el Programa de Comunidades Especiales, establecer unas iniciativas que faciliten a las comunidades el acceso a tecnologías, crea un Fondo de Reinversión Social y reduce los miembros de la Junta de Directores del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales de once a siete. 

El proyecto de la Cámara 6 establece que “coexistirá” con la política pública establecida en la Ley de Comunidades Especiales.