Vega Baja. No hay plan B si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)  no aprueba hoy extender la fecha para que el gobierno puertorriqueño entregue lo que ha denominado como su Plan de Desarrollo Económico, Social y Fiscal.

Sin embargo, una y otra vez el gobernador Ricardo Rosselló Nevares manifestó  ayer estar confiado en que la Junta concederá esa petición.

“Siempre tenemos planes y siempre tenemos distintas estrategias, pero estamos confiados de que sí se va a extender (el periodo para la entrega del Plan Fiscal), que está en los mejores intereses de Puerto Rico, en los mejores intereses del gobierno, de la Junta y del Congreso”, indicó en conferencia de prensa el primer ejecutivo, tras recorrer junto al nuevo integrante del Salón de la Fama del Beisbol, Iván Rodríguez, la Escuela Elemental José G. Padilla.

Si la Junta no aprueba la extensión, el gobierno se queda sin días para la entrega del documento en el que se debe detallar proyecciones de ingresos y gastos por los próximos 10 años. La Junta esbozó ya en una extensa carta dónde debería imponerse los  recortes. 

El mandatario, sin embargo,  no estuvo de acuerdo con los lineamientos por entender que se basaba exclusivamente en premisas para reducir la salud, el bienestar y los estándares de vida de Puerto Rico a través de recortes en la prestación de cuidado de salud, reducciones a pensionados y despidos.

Según la carta son “inaceptables", esas propuestas y el asuto se debatirá hoy en Fajardo, donde, además, se esperan nuevamente protestas de grupos que repudian la ley federal  Promesa, así como el grupo constituido para procurar la reestructuración de la deuda pública.

La JSF, previamente,  tampoco estuvo de acuerdo con el plan que presentó la pasada administración encabezada por el exgobernador Alejandro García Padilla,  al argumentar que no cumplía con los requisitos que impone la Ley  Promesa. Si la Junta no está complacida con el nuevo plan fiscal de este gobierno ni extiende la fecha, tiene la potestad de crear uno de acuerdo a lo que entienda es mejor. Mientras, está en juego el freno a los litigios judiciales de los bonistas contra el gobierno.

“Yo no veo quién se va a beneficiar de que no se dé esta extesión. Por lo tanto, para hacer las cosas con las que nosotros nos comprometimos con el pueblo de Puerto Rico a hacer, no veo ningún escenario donde eso no ocurra”, dijo  Rosselló Nevares,

Además, se mostró confiado en que la Legislatura aprobará a tiempo el proyecto de ley para extender seis meses la moratoria y se le podrá presentar a la JSF como una medida más para estar en ruta a la recuperación económica.

La Ley de Moratoria vigente expira el 31 de enero. A partir de entonces los acreedores pueden exigir el pago de lo que se les debe que desde hace seis meses suma unos $1,300 millones. El gobierno no tiene esa cantidad de dinero y si se ve obligado a pagar tendría que cerrar operaciones, han advertido funcionarios.

Al mismo tiempo, Rosselló Nevares descartó que los poderes que le otorga la medida, denominada Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, anulen a la Asamblea Legislativa, como afirman sectores preocupados con el lenguaje de la pieza.

Rosselló Nevares alegó que las enmiendas que se le agregarían ayer en la Cámara de Representantes al proyecto  aclararán el asunto de poderes.

Votos en la noche

Al cierre de esta edición la Cámara de Representantes  no había votado, ni agregado esas enmiendas a las que aludió el gobernador temprano.

“Se están haciendo las cosas de la manera más ágil posible y yo estoy seguro de que eso se tomará en consideración, tanto por la Junta como todos aquellos que quieran aportar a Puerto Rico”, indicó.

El tiempo con este proyecto es crítico ya que cuando la JSF se reúna hoy solo tendrá la versión de la Cámara mientras que el Senado votará por la medida  en la tarde,  cuando ya haya pasado el cónclave en el hotel El Conquistador.

El miércoles Elías Sánchez, representante del Gobernador ante la JSF, dijo que la expectativa con este proyecto es que la Junta “pueda ver que el trabajo que se ha hecho es serio, que vamos a cumplir con los estudios solicitados, con el plan de liquidez, (y) la proyección del puente de los estados financieros de 2014 al 2017”.

“(Queremos) que puedan ver que hay disposición de colaborar mano a mano y tomen la decisión de brindar esa extensión y que permita un proceso en el que el gobierno de Puerto Rico pueda tener inherencia en el Plan Fiscal y no sencillamente la carta que ellos enviaron”, expresó Sánchez.

 Mientras, anoche crecían  preocupaciónes  en torno a un posible cierre del gobierno, sobre  la paralización de litigios y a qué parte impacta más no frenarlos y sobre   la información que finalmente fluya en detalle sobre estados financieros para decidir si existe suficiente información para encaminar la reestructuración.