¿Burocracia, dejadez, negligencia, falta de empatía?

Para ser exactos, y según el director de la División Legal del DE, Erick Huertas, allí hay 2,414 casos activos de los 6,937 radicados. 

Hay algunos que podrían llevar hasta 10 años sin atender.

El director de la División Legal de la agencia, en entrevista con Primera Hora, sostuvo que los números suministrados datan de los años 90, y que forman parte de un sistema electrónico que no está al día. Incluso, muchos casos no han sido entrados ni tabulados.

Según los récords de esa división, se han resuelto 4,523 querellas presentadas por padres, maestros contra otros educadores o por otro funcionario.

La realidad es que la cifra de casos radicados puede ser mayor.

Tras analizar las querellas que llegan a esta división, el funcionario mencionó que muchas son de índole sexual. Por ejemplo, por conducta impropia (1,587), conducta inmoral (144), hostigamiento sexual (177) y por actos lascivos e impúdicos (60). Por maltrato de alumnos, que podría incluir físico, verbal o ambos, la cifra total asciende a 3,244 querellas.

“El sistema de manejo de casos que se utiliza en la División Legal data de la década de los 90’s. Es un sistema muy arcaico y no provee para la recopilación de estadísticas. Desafortunadamente, bajo la pasada administración no se provocó el uso consistente del sistema para asegurar un rastreo confiable de cada caso”, denunció el abogado.

Confesó que el sistema, que muestra solo si un caso está abierto o cerrado, “no recoge la realidad de esta división”, por lo que a su juicio “decirte que eso es confiable, estaría mintiendo”.

“Sé que la gente está cansada de sentir que la estructura gubernamental no responde a la realidad”, acotó al aceptar que tampoco hay datos de cuántos maestros están en una suspensión sumaria, que están en su casa y no se ha señalado una vista e incluso podrían estar cobrando.

Sin embargo, cuestionó qué se podría hacer ahora con casos que datan de 10 años, donde ya no hay testigos y el estudiante salió del sistema. “Pues habrá casos donde ya no tenga el criterio para evaluar realmente si había una acción disciplinaria que correspondía”. 

Huertas estableció que entre las prioridades de la división está “defender a los estudiantes, a los menores. Ellos tienen que recibir los servicios, las ayudas, las herramientas, la protección que requieren”.

Pero también mencionó que a los maestros se les tiene que respetar su debido proceso de ley. “Tenemos que cumplir con unos requisitos. Pero el recurso primero que tengo en mis manos -cuando se presenta un caso donde hay una alegación con suficiente mérito contra un maestro-, es la medida cautelar, que te remuevo de esa escuela” y comienza una investigación preliminar.

El proceso continúa con una suspensión sumaria, a través de carta. Luego el maestro tiene 10 días para solicitar una vista informal.

Posteriormente, se asigna un oficial examinador (solo hay dos en la agencia) que ve los casos donde Educación tiene una intención de formular cargos, y el empleado tiene una vista informal con este.

Finalmente, el oficial examinador expide un informe con recomendaciones a la Secretaria de Educación, que podría ir desde una exhortación verbal o escrita, contra el maestro, suspensión por un periodo de tiempo hasta una destitución.

El abogado también mencionó que está consciente que la falta de recursos y herramientas es uno de los asuntos más fuertes en la agencia. Por ejemplo, dijo que sólo tiene 18 investigadores para atender las cientos de querellas que llegan constantemente, y dos abogadas en la oficina que dirige.

Además, indicó, urge humanizar el DE.

“Hay mucha gente que se ha desensibilizado en cierto modo. Entiendo que tengo que reactivar el lado humano… porque aquí llegan casos todos los días. Había esta mentalidad de que cada caso es un número más, un asunto más…”.