Un informe de auditoría que ya fue sometido al Departamento de Justicia pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva a través de un fiscal especial independiente (FEI) sobre las irregularidades cometidas en Toa Baja con fondos públicos, incluyendo ayudas federales, entre enero de 2005 y diciembre de 2016, periodo en que el que el municipio fue administrado por Aníbal Vega Borges.

Dichas irregularidades, que involucraron decenas de millones de dólares, habrían llevado al municipio a ir de años de superávit a graves déficits.

El informe de auditoría señala, entre otras faltas: deficiencias en informes fiscales, sobregiros en fondos, cargos por sobregiros, cheques sin fondo, transferencias en violación de la ley, órdenes ejecutivas contrarias a la ley, gastos excesivos y fuera de normas en medio de una precaria situación fiscal, cuentas atrasadas por cobrar, irregularidades en órdenes de compras, cesiones ilegales de fondos e instalaciones deportivas a entidades con fines de lucro, uso de préstamos obtenidos a través de emisiones de bonos para pagar deudas con entidades gubernamentales y privadas, cargos por intereses y penalidades, retenciones indebidas de aportaciones y descuentos de nómina de empleados, falta de pagos a suplidores, uso contrario a la ley de fondos asignados por la Legislatura y transferencia y uso contrario a la ley de fondos federales.

Ante tales hallazgos, algunos de ellos señalados en al menos siete informes de la Oficina del Contralor en la última década, el documento sometido a Justicia pide que se nombre un FEI para investigar a fondo la situación y fijar las responsabilidades que se consideren necesarias.

De acuerdo con el informe, las irregularidades mencionadas suponen violaciones de artículos del Código Penal de Puerto Rico relativos al incumplimiento de deberes y negligencia en la labor de funcionarios públicos así como la comisión de delitos contra fondos públicos. También habría violaciones a la Ley de Municipios Autónomos, la Ley de Ética Gubernamental, así como la Ley Federal que regula préstamos para programas federales.

Tras recibir la información de manera confidencial, Primera Hora contactó al auditor que firma el documento, Luis Pagán Navedo, quien confirmó que -en efecto- había sometido la información ante el Departamento de Justicia y agregó que también enviaría copias a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Panel del Fiscal Independiente.

“Entiendo que se debe investigar. Ahí hay situaciones de negligencia y malversación de fondos por parte del exalcalde Aníbal Vega Borges y otros funcionarios de la alcaldía”, dijo Pagán Navedo. “Son gastos innecesarios millonarios, donativos innecesarios, todo a pesar de la estrechez económica”.

El auditor aprovechó para hacer un llamado a empleados que pudieran haberse visto implicados en algunas de las irregularidades mencionadas a que den un paso al frente y cooperen con las autoridades pertinenes en cualquier investigación que puedan comenzar.

El informe de auditoría interna del municipio de Toa Baja dice que los hallazgos “demuestran que el entonces alcalde Aníbal Vega Borges, los alcaldes interinos, el vicealcalde, el director del Departamento de Finanzas y sus interinos, incluyendo otros funcionarios y empleados del Municipio, con pleno conocimiento de sus actuaciones, conociendo la situación económica precaria del Municipio y apartándose de sus deberes y responsabilidades, actuaron con negligencia crasa e inexcusable y con marcada omisión a los deberes y responsabilidades que le imponía la ley y reglamentos aplicables. Sus actuaciones causaron grandes daños y pérdidas al Municipio”.

El documento de unas 20 páginas recoge denuncias de irregularidades en órdenes de compra señaladas en el informe del Contralor de febrero de este año y “consistentes o similares” a las halladas y señaladas en informes del Contralor de junio de 2009, septiembre de 2013 y agosto de 2016.

El reporte añade que durante una conferencia en abril pasado, “varios de los empleados manifestaron que tenían conocimiento de las mismas. Que el procedimiento al cual eran sometidos consistía en que a ellos les entregaban las cotizaciones ya adjudicadas -y aunque fueran falsas-, los obligaban a procesarlas aludiendo a que las mismas venían de la Oficina del Alcalde”, y si se quejaban se tomaba represalias en su contra.

En cuanto al mal uso de fondos federales, el informe referido a Justicia señala que una auditoría sencilla de los años fiscales 2014-2015 revela dos hallazgos de uso indebido de fondos del Programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) por un monto total de $2,718,164. Según el informe, el director de finanzas transfirió esa suma de dicho programa a las partidas de gastos generales del Municipio para pagar obligaciones del presupuesto general municipal.

Vega Borges dejó la alcaldía de Toa Baja en junio de 2016 tras perder las primarias del Partido Nuevo Progresista ante Bernardo “Betito” Márquez, quien luego ganó la alcaldía en las elecciones generales de 2016. Para entonces, el municipio enfrentaba un colapso financiero, pero Vega Borges cobró una liquidación de más de $50,000 por licencias de vacaciones y enfermedad.

A pesar de la deficiente gerencia de Vega Borges al frente de Toa Baja tras su salida del municipio el también exlegislador fue luego nombrado comisionado del Partido Nuevo Progresista ante la Comisión Estatal de Elecciones. Y tras su renuncia al cargo en la CEE, que ocurrió poco después que autoridades federales allanaran la alcaldía, Vega Borges fue contratado como asesor del Senado.

Primera Hora solicitó y aun espera por las reacciones del Departamento de Justicia, Vega Borges y el actual alcalde Bernardo “Betito” Márquez.