En un mensaje grabado que duró menos de 15 minutos, el gobernador Alejandro García Padilla señaló que el Plan deCrecimiento Económico y Fiscal que le presentó el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica (Gtrfe) es una “hoja de ruta” que tiene como meta reestructurar la deuda pública del país en un proceso en el que se buscará traer a la mesa de negociación a los acreedores del país.

García Padilla, que comenzó su discurso mencionando las iniciativas que se han tomado en los últimos años para manejar la crisis económica y fiscal, indicó que como parte del plan designará un equipo de expertos para negociar con los acreedores. Agregó que se propone enviar legislación para crear una junta de control fiscal para darle seguimiento al plan.

El primer ejecutivo reconoció que “aun implantando todas las medidas del plan fiscal, no serían suficiente”.

 “Necesitamos que los acreedores vengan a la mesa”, puntualizó García Padilla, quien agregó que “si los acreedores no están dispuestos a esto, no tendremos otra alternativa que proceder sin ellos”.

“Ni a nosotros ni a ellos (los acreedores) nos conviene ese camino más duro; serán años de litigios y de impagos, y de una crisis humanitaria de proporciones mayores, obligándonos a escoger entre pagarle a un acreedor, a un maestro, a un policía o a una enfermera. Una decisión que preferiría no tomar, pero que tomaré siempre velando por los mejores intereses del país”, sostuvo.

Por otro lado, García Padilla reclamó al gobierno federal trato igualitario en los fondos de Medicaid y Medicare, que se haga permanente la decisión del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés) sobre las contribuciones que pagan las empresas foráneas bajo la Ley 154 y un marco jurídico para atender las obligaciones del país de manera ordenada.

Medidas anteriores

Antes de aludir al plan, durante el mensaje televisado García Padilla hizo un recuento de las medidas que han tomado en el pasado distintas administraciones gubernamentales para atajar la crisis económica que al presente ha llegado a grandes proporciones. Recordó que en 2005 se aumentaron los peajes y la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, y que un año después se incrementó la tarifa del agua. Indicó, además, que en 2007 se estableció el Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU).

Para el 2009, continuó García Padilla, se aumentaron los arbitrios sobre las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y algunos vehículos de motor. Asimismo, se impuso una sobretasa contributiva de 5% sobre los ingresos de los individuos, las corporaciones y las cooperativas, entre otras. También mencionó el despido de cerca de 30,000 empleados públicos en 2010.

Entonces, al hablar sobre las iniciativas que su administración encamina desde 2014 para atajar la crisis destacó que le inyectaron capital a la Autoridad de Carreteras y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), además de reducir en un 75% la contratación de servicios profesionales. Además, mencionó la aprobación de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, la reestructuración de la operación de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AAA) y la consolidación de planteles, entre otros proyectos, dijo en el mensaje el gibernador.

¿Qué dice el plan?

Ayer, en la tarde, el gobernador habría recibido oficialmente el documento. Mientras, el secretario de la Gobernación,  Víctor Suárez, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, el secretario de Justicia,  César Miranda y el principal asesor en reestructuración contratado por el Gobierno, John Millstein, se reunieron a puerta cerrada con el liderato legislativo del Partido Popular Democrático en el Centro de Convenciones.

El plan fue publicado cerca de las 10:00 a.m. del día hoy en el portal del en el portal del) BGF. Su publicación fue acompañada de un comunicado de prensa en el que señalaba que el documento se compone de “un grupo abarcador de medidas de crecimiento económico y reformas dirigidas a lograr la estabilidad fiscal y crecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y sus residentes a largo plazo. El PCEF llama a llevar a cabo discusiones serias en torno a la restructuración de la deuda y urge a todas las partes interesadas a actuar en colaboración con el Estado Libre Asociado”.

Prensa Asociada indicó que el plan de reforma fiscal plantea reducir gran parte de la deuda pública de la isla equivalente a $72,000 millones y que implicaría reestructurar una parte a expensas de poseedores de bonos.

El plan a cinco años abarca sólo $47,000 millones de la deuda del territorio y deja fuera a la agobiada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En un breve informe, miembros del grupo que trabajaron en el plan dijeron que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico se quedará sin dinero a finales de este año si no se actúa y advirtieron que el gobierno podría carecer de liquidez el año entrante si no se implementa el plan.

El plan pide la creación de una junta de control conformada por cinco miembros que serían nombrados por el gobernador y que tomaría en cuenta las sugerencias de acreedores y posiblemente del gobierno federal. La junta supervisaría la puesta en marcha del plan, pero las autoridades dijeron que era demasiado pronto decir qué tipo de facultades tendrá la junta si el gobierno no cumple con los objetivos financieros.

Entre otras propuestas, se propone congelar futuras alzas del salario mínimo a los jóvenes trabajadores por 10 años, invertir en asociaciones público-privadas,  reducir subsidios a municipios y a la Universidad de Puerto Rico, y cerrar más escuelas públicas.

El plan también estipula que Puerto Rico debe buscar trato igual por parte del gobierno estadounidense en lo que respecta a incentivos fiscales y rembolsos en gastos médicos.