Mientras los ciudadanos hacen malabares para paliar la crisis económica y la implantación de nuevos impuestos, una funcionaria del Departamento de la Familia (DF) aparentemente se las ingenió para mantener activa la tarjeta de asistencia nutricional de un indigente fallecido y así defraudar a la propia agencia para la que trabaja. Con el esquema, la “servidora pública” se logró agenciar ilegalmente unos $16,000 en dos años, según supo este diario.

La técnico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de la región de Guayama utilizó la tarjeta y la identidad del participante fallecido, le inventó una falsa familia de otras cuatro personas y recibió fraudulentamente unos $700 mensuales en beneficios durante dos años, confirmó Primera Hora.

La situación se detectó inicialmente el pasado 17 de agosto. El 29 de agosto, el director asociado de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) en la región de Guayama, William Collazo, recibió un informe escrito de la oficina local del DF en ese municipio, según corroboraron fuentes al tanto del escandaloso caso.

Pero, a poco más de un mes de esta notificación formal, la empleada, que se informó está siendo investigada, continúa trabajando en la oficina del DF en Arroyo, no ha sido suspendida de empleo y tiene acceso a la misma base de datos y la información confidencial, incluyendo números de seguro social y otros datos de identidad de miles de participantes del PAN en todo el país, que le sirvió de herramienta para cometer el alegado fraude al programa que se nutre de fondos federales.

La secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón, confirmó a este diario la investigación, pero sostuvo que aún no tienen base para separar a la empleada de su puesto mientras se pesquisa.

El fraude fue detectado inicialmente durante la celebración del “Mercado Familiar” en Arroyo, cuando el esposo de la empleada fue a comprar alimentos y utilizó una tarjeta del PAN para pagarlos.

El “Mercado Familiar” es una nueva iniciativa del DF junto al Departamento de Agricultura en la que los participantes del PAN reciben un depósito extra en sus tarjetas exclusivamente para comprar en esa actividad a los agricultores locales.

Sin controles para prevenir fraude

“Esto es un problema porque podrían estar ocurriendo otros casos sin ser detectados”, señaló preocupada una funcionaria con conocimiento de la pesquisa en curso.

“Aquí se detecta porque hacen una compra en una actividad en que había personal del Departamento, pero si hubiera seguido usando la tarjeta en los supermercados solamente, pues no se hubiera sabido, no hay controles para evitar esto”, sostuvo.

La compra que realizara el esposo de la empleada sumaba $23 y la transacción fue procesada por personal de la propia agencia defraudada. Según información en poder de Adsef, fueron otras empleadas del DF las que reconocieron al esposo de la investigada y este, sin titubeos, les manifestó que la tarjeta del PAN estaba a nombre de su esposa. Sin embargo, al procesar la tarjeta, esta aparecía en el sistema a nombre de Luis A. Meléndez Ramírez, un nombre que no corresponde con el esposo ni a ningún otro miembro de la familia de la ahora funcionaria investigada.

Este hallazgo incidental levantó bandera y permitió que, tras múltiples indagaciones, se detectara el alegado fraude.

Meléndez Ramírez, quien aparecía en la cuenta de dicha tarjeta en el sistema de datos Evertec con dirección en la barriada Santa Ana de Guayama, con su correspondiente número de seguro social, resultó ser nada más y nada menos que un ciudadano indigente que participaba del programa del PAN y que murió el 4 de agosto de 2011.

Leslie Cruz Meléndez, sobrina de Meléndez Ramírez, relató que, aproximadamente una semana después de la muerte de su tío, acudió a la oficina del DF en la calle Ashford de Guayama para cerrar el caso. Dijo que fue atendida en un cubículo por una empleada.

“Le entregué la tarjeta (del PAN) y la evidencia de que (mi tío) había fallecido. Ella la aceptó, me dio una hoja para firmar y firmé”, sostuvo Cruz.

En esa fecha, la investigada laboraba en la oficina del DF de Guayama, la misma a la que Cruz acudió.

Muchos "familiares" del difunto

“Los técnicos no pueden aceptar la tarjeta de un difunto, la directriz es que el familiar la destruya, si es posible allí mismo en la oficina”, dijo una fuente interna.

Según información que está en poder de Adsef, desde que Cruz entregó la tarjeta el 12 de agosto, hasta noviembre del mismo año, surgió un grupo familiar ficticio de otros cuatro falsos “parientes” en la misma cuenta. En el sistema Saic, programa que refleja datos de la composición del hogar, aparecieron dos falsos hermanos y dos falsos hijos, todos entre las edades de 62 a 83 años, “deambulantes” y residentes de Arroyo.

Uno de los falsos “hermanos” de Meléndez Ramírez, el inexistente “Antonio Meléndez Ramírez”, aparece con el número de seguro social de una persona que debió residir en Rincón y que, de estar vivo, tendría 100 años de edad, según la pesquisa.

El máximo que se le deposita a una persona mayor de 60 años que viva solo es $134. Pero al agregarle los cuatro “familiares” a conveniencia, la investigada lograba un depósito mínimo de $670 mensuales que con sobrantes que se agregan promedia cerca de $700 al mes. Se estima que la empleada se haya apropiado de unos $16,000 provenientes de fondos federales en dos años.

Según la pesquisa, la investigada fue trasladada de Guayama a Arroyo en noviembre de 2011 mientras siguió cobrando los beneficios, que serían efectivos hasta el 1 de agosto de 2013. Pero ella gestionó que le transfirieran el caso a Arroyo, aduciendo que “por error” estaba en Guayama, y el 2 de agosto entró una certificación al sistema que le hubiera permitido recibir los beneficios por dos años adicionales de no haber sido por el traspié en el “Mercado Familiar”.