Representantes estudiantiles de varios recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) abogaron ayer por la reestructuración administrativa de la institución.

Al mismo tiempo, respaldaron proyectos que alleguen ingresos nuevos al centro docente, en lugar de medidas como las propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que entienden atentan contra la educación accesible y de calidad.

En tal sentido se expresaron en contra de la reforma laboral impulsada por el nuevo gobierno por considerar que frena las oportunidades de empleos para los universitarios.

En una rueda de prensa en el Recinto de Río Piedras de la UPR, la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE), Wilmarí de Jesús Álvarez, indicó que para atender la crisis económica y fiscal que afecta al País apuestan a la reestructuración administrativa, que podría incluir la consolidación de estas funciones en los recintos, sin embargo, subrayó que no apoyan la eliminación de esos centros docentes.  

También impulsan el Proyecto del Senado 1050 y el Proyecto de la Cámara 2883, presentados durante la pasada administración, por entender que allegan ingresos nuevos al convertir a la universidad en proveedora de servicios, por ejemplo, de tutorías para el Departamento de Educación. 

De Jesús Álvarez indicó que desde noviembre se le ha enviado al gobernador Ricardo Rosselló cuatro cartas para que sostenga diálogos con sectores universitarios sobre estas y otras alternativas, pero, no han recibido respuesta.

“(Queremos) proponer estas opciones que se tomen en consideración antes de ir directamente a un aumento en los costos de la matrícula o a una eliminación a los beneficios de los empleados”, dijo. 

Al grupo preocupa sobre todo consecuencias de la reforma laboral y el recorte de $300 millones sugerido para la UPR por la JSF. Además, rechazan el Proyecto de la Cámara 451 que confiere al Gobernador el poder de libre remoción de los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR. 

Reparos estadistas

Mientras, líderes novoprogresistas expresaron ayer categóricos reparos a las recomendaciones de recortes adicionales y otros ajustes gubernamentales estipulados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como condición para aprobar el plan fiscal del gobierno.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que trabaja para el pueblo, no para la JSF y planteó que las propuestas del organismo federal no son las únicas opciones para atender la crisis fiscal. Reafirmó que legislará conforme al programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), no a partir de señalamientos como los de la JSF.

El miércoles la JSF, en una carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló, estipuló que el plan fiscal tiene que procurar un aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos. En la carta también establecen que el plan fiscal tiene buscar reducción y eficiencia en la estructura gubernamental. Además, reclamó reducción en los gastos de salud y en los de educación superior, por lo que se sugieren  recortes $300 millones para la Universidad de Puerto Rico, entre otros.

En la Cámara de Representantes, el presidente, Johnny Méndez, por su parte, sentenció que el cuerpo que dirige “tiene un compromiso con el soberano, el pueblo, de hacer a Puerto Rico más competitivo”, por lo que, a pesar de la crisis, van a “desarrollar los parámetros para crear empleos”

“Estaremos trabajando legislación enfocada en derrumbar la burocracia que permea las solicitudes de permios en la Isla. Vamos a darle las herramientas a nuestros jóvenes para que creen microempresas, a nuestros comerciantes para que introduzcan nuevos conceptos y a nuestros trabajadores para que puedan invertir en Puerto Rico”, expresó optimista el líder cameral.

Aunque la JSF sugirió nuevos impuestos, Méndez dijo en una carta abierta que “el compromiso de esta Cámara es reducirle, de manera responsable, la enorme carga contributiva que tiene nuestra gente. Los días de imponer impuestos quedaron atrás. También estaremos buscando la manera de bajar los costos de los servicios de energía eléctrica y de agua potable, para que así nuestra gente tenga más dinero en su bolsillo. Esto vendrá atado de un verdadero programa de desarrollo económico, con métricas y mecanismo para fomentar la actividad económica en las comunidades y municipios, utilizando el mayor y más atesorado recurso: nuestra gente.

También aludió al compromiso de mejorar  los servicios de salud en tiempos de la eliminación del Obamacare. “Puerto Rico enfrenta un reto enorme en esta área. La posible eliminación de los fondos del ‘Obamacare’, sobre $1,100 millones al año, nos colocaría en una posición difícil”, Sin embargo, aludió al proyecto “para convertir en ley el Grupo de Trabajo Multisectorial que creó el Gobernador Ricardo Rosselló el cual busca alcanzar la igualdad en la asignación de fondos federales para los programas de Medicaid y Medicare, los cuales financean gran parte de la Reforma de Salud”

La JSF señaló a Rosselló que para “generar ingresos adicionales y/p ahorros anuales por $4,500 millones” el gobierno tendrá también que reformar el sistema de pensiones.

La entidad recomendó achicar el Departamento de Educación, frenar unos $400 millones subsidios a los municipios, así como otra porción similar para las empresas privadas, reducir $1,000 millones en Salud, aumentar tarifas en servicios públicos. En síntesis, la JSF reclama una reducción del 23% en el gasto de la nómina gubernamental, equivalente a unos $900 millones.

“La Junta le está proveyendo a usted los parámetros fiscales y, dentro de esos parámetros, confiamos que usted y su administración hagan las correspondientes determinaciones de política pública consistentes con Promesa”, sentenció José Carrión, presidente de la JSF en la comunicación dirigida a Rosselló.

La JSF, por otro lado, tendría facultad para mantener un freno a los litigios contra el gobierno debido al impago a sus acreedores, hasta el 1 de mayo.

La Junta, además, accedió a dar hasta el 28 de febrero para que Rosselló presente el plan fiscal, que estaría sujeto a certificación en o antes del 15 de marzo. 

Tijera filosa 

Un plan de recortes sin precedentes es impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), según estipuló en carta dirigida al gobernador el miércoles.

-En la Universidad de Puerto Rico recomienda una reducción de $300 millones

-En subsidios a los municipios sugiere una reducción de $400 millones

-Propone aumentar tarifas por servicios gubernamentales

-Una reducción de $1,000 millones en los gastos de salud también fue recomendada