El senador electo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y vicepresidente de la Comisión de Educación, Luis Daniel Muñiz, expresó hoy mediante comunicado de prensa su rechazo a uno de los conceptos principales de la reforma educativa del gobernador Ricardo Rosselló, las escuelas charter.

Muñiz se reunió  con los líderes sindicales que representan las principales organizaciones magisteriales del País - la directora de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez; Grichelle Toledo representando a la Asociación de Maestros; el presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera y el director de UNETE, Emilio Nieves- para discutir asuntos relacionados a la propuesta de las Escuelas Alianzas, conocidas como escuelas charter y discutir su rechazo a la propuesta. 

Durante la reunión el Senador dijo que “como educador no respaldo esta propuesta y quería escuchar el sentir de todos los componentes, maestros, estudiantes en el distrito, además he participado en varias vistas de la Comisión”. 

El Proyecto del Senado 825, que crearía la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, busca además que el sistema se centralice en el estudiante  implantando nuevos modelos de educación. El concepto Escuela Alianza (escuela charter) permitiría que se administren ciertas escuelas por parte de entidades sin fines de lucro, como los municipios, universidades o grupos de padres para que mejoren la enseñanza con una administración más eficiente. Estas escuelas a su vez tendrían que establecer programas para fomentar el bilingüismo y reenfocar  el sistema en la fortaleza de las destrezas STEM. 

Sin embargo, estas organizaciones magisteriales han reiterado públicamente que a su juicio ese tipo de escuelas constituyen una privatización del sistema público de enseñanza en el País. Además, han dicho que el modelo provee para que trastoquen fondos públicos a favor de corporaciones o compañías sin peritaje en la enseñanza.  

Por otro lado, el proyecto incluye cambios en la estructura operacional del Departamento de Educación entre los que se encuentra la descentralización con la autonomía de las regiones educativas, un presupuesto basado en el estudiante y un proceso riguroso de fiscalización y rendición de cuentas.