Aunque el gobierno reconoce que existe la necesidad de allegar más y mejores servicios a las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico, los datos presentados este martes ante la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado revelaron que no hay una idea clara sobre el estado en el que se encuentra esa población y los programas dirigidos a atender sus necesidades apremiantes.

Según la senadora Mari Tere González, presidenta de la comisión legislativa, esa información es esencial para poder formular una política pública integrada dirigida a los extranjeros -principalmente a las mujeres- residentes en la Isla. 

“Todas esas situaciones que están presentándose no son un problema invisible, pero si se siguen tratando como casos aislados, no hay una política pública fuerte”, manifestó González tras una vista pública a la que comparecieron portavoces de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía y el Colegio de Abogados y Abogadas.

“La intención es desarrollar política pública y que podamos promover transformaciones, y el respeto y reconocimiento de los derechos civiles y los derechos humanos”, subrayó la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).

Durante la audiencia pública, la licenciada Josefina Arroyo Mendoza, en representación de la procuradora, Wanda Vázquez, dijo que desde el 2008, el Centro de la Mujer Dominicana (CMD) recibe fondos de la OPM para brindar servicios directos a la población inmigrante. Asimismo, reconoció que existe gran necesidad de brindar acceso a orientación sicosocial y legal en la comunidad de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, agresión sexual y acecho.

Destacó que las estadísticas del CMD revelan que, a partir del 2011, ha aumentado el número de casos atendidos por esa entidad. Específicamente, Arroyo Mendoza mencionó que, en el 2011, el centro atendió un total de 199 casos nuevos y ofreció 154 orientaciones legales, mientras que, en el 2014, la cifra aumentó a 428 casos nuevos y 461 orientaciones legales.

“El alza significativa demuestra el deseo de las víctimas inmigrantes en mejorar su calidad de vida libre de la violencia, la agresión y el acecho, y el cumplimiento con el plan de trabajo encauzado por la OPM y otras agencias que subvencionan sus servicios”, resaltó Arroyo Mendoza ante los miembros de la Comisión de Asuntos de la Mujer.

“Es evidente el aumento de las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual inmigrantes residentes en Puerto Rico que han procurado los servicios de este centro para salir del ciclo de la violencia y obtener los beneficios mediantes los programas de ayuda y los fondos asignados”, añadió la abogada. 

Según cifras ofrecidas por la OPM, el año pasado, un total de 295 mujeres víctimas de agresión física solicitaron servicios en el CMD; 388 reportaron haber sido víctimas de maltrato sico-emocional; 175 fueron víctimas de abuso sexual; 215 fueron restringidas de su libertad y 301 féminas fueron víctimas de amenazas.

"Son necesarias las campañas educativas, la publicidad es cara, pero es importante que las mujeres sepan que hay ayuda. Hemos tenido casos de mujeres que llegan con miedo, aparte de los problemas económicos que puedan tener. Lo peor es que tienen miedo. Están desinformadas y eso nos preocupa también”, sostuvo Arroyo Mendoza.

Muchos extranjeros en Puerto Rico sin un estatus formal desisten de acudir ante las autoridades cuando están en situaciones de peligro por temor a ser referidos a oficiales migratorios del gobierno federal. 

La senadora González requirió a la Policía información adicional sobre estadísticas relacionadas con casos de prostitución que involucren a extranjeras. Solicitó conocer cómo son procesados y si se investiga si esas mujeres son víctimas de algún sistema organizado o proxenetas. Asimismo, reclamó conocer detalles de casos de trata humana con miras a presentar legislación que enmiende ese delito en el Código Penal para facilitar su procesamiento localmente.