Un grupo de sindicalistas anunció hoy, martes, que acudirán al Congreso para cabildear en contra de la propuesta junta federal de control fiscal para Puerto Rico, pero no se unirán al movimiento que encabeza el gobernador Alejandro García Padilla con algunos sectores políticos del país.

Luego de reunirse con el mandatario por unas dos horas, los dirigentes de unas 18 uniones, dijeron que el proyecto congresional es inaceptable para los sindicatos. La reunión con el Ejecutivo fue solicitada por los grupos obreros.

"No se puede pagar un solo centavo a los fondos buitre mientras el pueblo está sufriendo las consecuencias de esta crisis fiscal. Nosotros le trajimos el mensaje y esperamos que lo recoja porque aquí quien está sufriendo es el pueblo y nosotros lo estamos viendo día a día”, dijo el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, José Rodríguez Báez, quien actuó de portavoz del grupo sindical.

Indicó que cuando el gobierno deja de pagar a proveedores, “sufren los que no reciben los servicios y sufren los que no pueden cobrar y no pueden sostener sus familias y está sufriendo un gran sector de trabajadores, incluso del sector privado que están viéndose afectados por cesantías y con la reducción de jornadas.

“Vinimos a traer el mensaje claro de que tiene que haber una posición firme del gobernador de que no se puede pagar la deuda, que contrajo el País, mientras no se cumpla con cubrir servicios básicos y esenciales de nuestro pueblo”, afirmó Rodríguez Báez.

De inmediato, mencionó como ejemplos la falta de pago a transportistas escolares, a los terapistas de educación especial y a los suplidores de la flota de la Policía. Esta mañana, choferes encargados de llevar a miles de estudiantes de escuelas públicas a sus planteles, paralizaron el servicio después que no recibieron un pago que se les prometió la semana pasada. 

Rodríguez Báez, no obstante, sostuvo que coinciden con el gobernador en que hay que reestructurar la deuda del país. “Esta ha sido una posición que hemos planteado por mucho tiempo, pero para reestructurar la deuda hace falta también crear unas herramientas y hace falta una auditoría para determinar qué parte de esa deuda es legítima, qué parte se tendría que pagar y en qué términos”, subrayó el dirigente sindical.

“Le hemos dicho que con los recursos que tenemos tanto aquí en Puerto Rico como de nuestras distintas uniones internacionales vamos a continuar haciendo, por separado, un trabajo de cabildeo, de gestiones y acciones que contribuyan a mejorar la situación que tenemos los trabajadores y el pueblo en general”, indicó el portavoz de los sindicatos y no descartó acciones de desobediencia civil, de concretarse la junta de control fiscal.

“Para nosotros es inaceptable este proyecto, que aunque pueda cubrir esta área de la reestructuración de la deuda y la moratoria para detener los pleitos de litigación, pero este proyecto sobre otras áreas es completamente antidemocrático”, dijo para agregar que la medida no tiene mecanismos de desarrollo económico.

Afirmó que la propuesta no garantiza los pagos a los fondos de retiro, tiene restricciones contra los trabajadores y anticipó que se afectarían leyes laborales, como la relacionada con el pago del salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años. Según el sindicalista, se afectaría también los convenios colectivos, incluyendo el derecho a la huelga.

En cuanto al proyecto que concedería al gobernador la facultad de autorizar una moratoria en los pagos de deuda de las agencias públicas y que propone reestructurar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Rodríguez Báez dijo que el liderato obrero lo analizará y después expresará su opinión.