Mientras, la tensión entre la población adulta, cuyos escasos ingresos podrían estar en peligro, ya comienza a crear niveles innecesarios de ansiedad, advirtieron otros peritos en el tema.

Según José Acarón, director ejecutivo de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, en inglés) la población retirada actual que recibe pensiones es la que sostiene cuatro generaciones: a sus padres, que pueden estar en un asilo y necesitan cuidados amplios; a sus hijos, que son de la generación que se está quedando sin trabajo; y a sus nietos, que están tratando de estudiar y echar hacia adelante.

“No podemos analizar los recortes y el impacto en la población como si fueran aislados del resto de la economía. Un recorte, del tipo que sea, tiene un efecto multiplicador y multigeneracional inmenso que va afectar a muchas industrias, como la de la salud, la de alimentos y la de consumo en general, y que va a ser detrimental”, declaró en entrevista con Primera Hora.

Acarón afirmó que incluso antes del impacto económico directo se va a notar un cambio en la salud mental de las personas preocupadas por toda la situación.

La exprocuradora de Personas de Edad Avanzada, y ahora senadora popular, Rossana López, coincidió en que ya hay unos niveles de ansiedad muy altos entre la población mayor y dijo que si la actual administración quiere ser transparente tiene que dar a conocer todas las alternativas de ajustes que ha evaluado en el presupuesto antes de hacer recortes en las pensiones.

Mencionó que un estudio hecho en el 2008 por la la procuraduría bajo su mando concluyó que las personas de edad avanzada tenían un déficit de $1,200 mensuales para poder cubrir todas sus necesidades. El estudio estuvo a cargo de una economista que no identificó.

“Y desde entonces en Puerto Rico se triplicó el costo de vida, imagínate en la situación que están ahora los retirados con respecto al costo de medicamentos, de seguros de salud, en el renglón de los alimentos que es el más costoso, y en el de vivienda, ¿cómo le van a decir a 160,000 pensionados que les van a quitar más?”, cuestionó.

López recordó que los maestros y los policías no aportan al Seguro Social, por lo que el impacto de un posible recorte para ellos sería aun peor.

La JSF sugirió al Gobierno que entre los recortes para cuadrar el presupuesto podrían eliminar un 10% a todas las pensiones. Rosselló contestó en la negativa y ha reiterado que quienes más reciben, más deben aportar. 

El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, mientras, declaró que hay múltiples decisiones del Tribunal Supremo que establecen que beneficios como las pensiones son derechos adquiridos que no se pueden eliminar de golpe y porrazo.

Recordó que por eso no se pudieron eliminar las escoltas a los exgobernadores. 

“Ya se planteó y lo validó el Tribunal Supremo, que prospectivamente se pueden hacer ajustes en las pensiones, pero no puedes cambiarles a quienes ya tenían un beneficio o ya cotizaban... así que tan pronto haya un movimiento como lo que quiere la Junta te aseguro que es una controversia que terminará en los tribunales de aquí o en el federal, si el recorte fuera una determinación de la Junta”, dijo.

Tan seguro está Torres de que a nivel legal no se sostiene un plan para reducir las pensiones que no descarta se trate de una técnica de “faroleo”.

“El gobernador dice que va a recortar las pensiones altas y es como poner una luz intermitente y tú la miras y estás pendiente de si prende o si apaga, y pierdes la perspectiva de todo lo demás que está pasando”, alertó. 

Para Ferdinand Mercado, exsecretario de Estado y exjuez -que no recibe pensión- es seguro que un recorte enfrentaría “múltiples escollos legales”. Si el recorte lo impone el gobierno o la Junta ambos “estaría ante el mismo problema”.

“La Junta tiene un poder prácticamente ilimitado, pero está restringida en términos del Derecho. Todas sus decisiones tienen que cumplir con el marco legal”, expresó.

Mercado indicó que la expectativa de vida actual es mucho más amplia que la que había cuando se creó el sistema de pensiones y por lo tanto la gente recibe dinero por mucho más tiempo de lo que se tenía proyectado. Dijo que es posible que se le deba inyectar más dinero a los sistemas de pensiones para ayudar a que salgan de la crisis.

“De lo contrario, se tendría un daño social muy grande y una cantidad de desposeídos que no tienen capacidad de regresar al trabajo lo que se convierte en carga social adicional, así que tratando de ahorrar por ese lado, le va a costar extraordinariamente más por el otro”, manifestó.