En una conferencia de prensa celebrada ayer, la alcaldesa de San Juan, Carmel “Yulín” Cruz Soto, admitió el uso de fondos municipales para apoyar a los manifestantes en contra de Ley para la Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

Cruz Soto aseguró que su acción está avalada por la Asamblea Municipal.

“El municipio de San Juan es miembro de una concertación y como ustedes saben yo estoy avalada por la Asamblea Municipal de San Juan para utilizar recursos municipales para apoyar los movimientos para educar a la gente sobre los que nos viene pa’encima, que es el abuso de una Junta que viene a pagarle a los bonistas y viene a quitarle el dinero a la gente para saciar la sed de los buitres”, sentenció la funcionaria.

También confirmó que una ordenanza de la Legislatura Municipal permitió destinar unos $20 mil en fondos públicos para la asamblea de pueblo que se celebró en junio en el Coliseo Roberto Clemente.

“Cuando hicimos la reunión en el Coliseo Roberto Clemente de la Junta allí se invirtieron alrededor de $20,000 entre una cosa y la otra”, respondió durante una rueda de prensa sobre el cumplimiento de los acuerdos contraídos con las comunidades del G-8. 

En las Redes Sociales circularon fotos de vehículos del municipio de San Juan en los que observa entregando comida y otros suministros presuntamente a manifestantes que se encuentran en desobediencia civil frente al Tribunal Federal y durante la protesta contra una conferencia sobre la Junta de Control fiscal en la avenida Ashford en Condado la semana pasada. 

Legales las contribuciones de Anaudi

Además, la alcaldesa aceptó ayer que Anaudi Hernández, le hizo una actividad de recaudación de fondos en su residencia en Aguadilla.

El exrecaudador del Partido Popular Democrático enfrenta juicio en el Tribunal Federal por corrupción gubernamental y venta de influencias junto a varios socios.

Cruz Soto, repitió que las contribuciones que recibió su Comité de Financias son legales.

“Que se busquen otra forma los que están atrás en San Juan, porque esa no es una de ellas. Yo tuve una cena y lo he dicho…tuve una cena donde había unas personas que me querían conocer. Las contribuciones cuando llegaron se pusieron y se radicaron tal y como mandata la ley”, sostuvo la funcionaria.

Esa noche, admitió, que hubo una conversación sobre personas que estaban interesadas en donar a su campaña. “Los donativos fueron llegando después”.

A su vez, aseguró que Hernández ni nadie vinculado con su empresa tuvo contratos con su administración.   

La ejecutiva municipal insistió a preguntas de periodistas en que su campaña para la Alcaldía de San Juan recibió fondos de todo Puerto Rico.

“A mí me hicieron actividades en todo Puerto Rico, había toda una campaña que se denominaba Todo Puerto Rico por San Juan porque yo entro en un momento dado muy al final de la campaña, con muy pocos recursos y el país entero quería ayudar y colaborar a librarse de una persona que antes era confrontativa, que no cumplía con lo que tenía que cumplir a las comunidades y que no tenía una obra para todos, que era un ente divisor”, se justificó.

De otra parte, no quiso opinar si los senadores populares Mari Tere González y Jorge Suárez deben renunciar tras ser mencionados por Hernández durante su testimonio, pero invitó a evaluar posibles enmiendas a la ley sobre aspectos de recaudación de fondos para campañas electorales. 

“Yo creo que es bien importante que no se demonice todo tipo de contribución, el hecho de que alguien le haga una contribución a uno no quiere decir que esa contribución es ilegal. Numero dos el 5 de junio del 2014 el Nuevo Día hace una publicación donde detalla todas las personas que recibimos contribuciones porque están rendidas por lo tanto si están rendidas son contribuciones legales”, indicó y continuó hablando sobre sus logros.