La Junta de Supervisión Fiscal le cursó una carta al gobernador Ricardo Rosselló para que afilara aún más las tijeras con la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Las exigencias se dieron como parte de un pedido de revisiones sustanciales –nuevamente– del plan fiscal del sistema universitario público del País para que cumpla con los requisitos de la Ley Promesa.

Una de las grandes fallas es que el plan fiscal de la UPR contiene discrepancias entre el dinero que recibirá del gobierno central, según el plan fiscal certificado por la Junta.

Además, pide que se proporciones información concreta del total de estudiantes matriculados.

Esto podría generar otras modificaciones debido a que, de acuerdo con el último informe presentado por el presidente saliente Darrel Hillman, la institución experimentó una reducción poblacional de un 4%, respecto a 2017, al tener matriculados 55,060 estudiantes.

La proyección en los planes fiscales apuntaba a tener 57,814 universitarios en el sistema del País.

Este año escolar entró en vigor una serie de aumentos drásticos a los costos del crédito, por ejemplo, de $55 a $115 a nivel subgraduado. Asimismo, una duplicación en decenas de servicios que ofrece la institución.  

Más aumento de matrícula

El ente federal pidió el aumento de matrícula a nivel graduado a tal punto de que puedan lograr ingresos de $93.9 millones y no los $52.4 millones proyectados.

La Junta recomienda hacerlo en los programas doctorales, juris doctor, odontología y medicina para “reflejar mejor los costos de programas comparables en universidades privadas en la Isla y en el resto de Estados Unidos”.

Eliminar exenciones

El organismo federal también requiere que se eliminen exenciones, pues se proyecta que las actuales le costarán a la UPR unos $24.2 millones. La Junta pide que se disminuyan a $11.6 millones para cubrir solo a los estudiantes de honor e hijos de veteranos.

Además, pide eliminar exenciones completas, por ejemplo, las de atletismo.

“Estas exenciones de matrícula no relacionadas con la ayuda financiera, con la excepción de los estudiantes con honores y veteranos, deben eliminarse por completo para cada clase entrante que comience en el año fiscal 2019”, requiere.

Recortes de beneficios laborales

En el renglón de gastos, la Junta solicitó que se hiciera una reducción de personal que se traduzcan en ahorros presupuestarios de $28.7 millones y no de $16 millones como estipuló el gobierno y la Universidad.

Asimismo, resalta que el plan entregado no contempla el recorte completo del bono de Navidad que lograría ahorros de $7.5 millones.

La Junta deja a discreción este beneficio, sin embargo, les advierte que deberán buscar $7.5 millones en otras áreas para “mantener los ahorros totales anuales del Plan Fiscal Certificado en junio”.

Otros errores a revisar

También, pidieron que se revisara el ajuste de las pensiones a aquellos que cobren más de $1,00 mensuales; el plan médico de los empleados como si la aportación se redujera a $125 por empleado por mes; y justificación para disminuir de $5 millones a $4.3 millones las subvenciones federales.

“La Junta de Supervisión reconoce las dificultades implícitas en estas decisiones de política pública, así como el largo camino para devolver a la UPR a la estabilidad fiscal. Alcanzar esta meta tomará tiempo, un esfuerzo enorme y el pleno compromiso de los líderes del gobierno y la UPR, pero si se realiza de manera adecuada y sostenida”, escribió la directora ejecutiva Natalie Jaresko.

El ente federal le dio hasta el 7 de septiembre, a las 12 p.m. para someter una nueva versión del documento que regirá las finanzas de la Universidad.