Naguabo. Un grupo de residentes y ex vecinos del barrio Relámpago  aseguraron sentirse abandonados a su suerte frente al  proceso de desahucio de sus residencias, que comenzó hace tres años, y   aún no han completado su reubicación en otra comunidad donde están obligados a asumir una hipoteca, según indicaron.

Pablo Suárez, portavoz de los vecinos y ex residente del mencionado barrio, denunció que tanto el Gobierno central como el municipal  han sido negligentes en responder a las necesidades de su comunidad.

“La gran mayoría de los que vivíamos en el barrio nacimos y crecimos allí. Eso fue una invasión de muchos años atrás y muchos de los vecinos teníamos títulos de propiedad de las casas pero no de los terrenos. Ahora el Gobierno viene a expropiarnos porque el alcalde quiere construir un paseo tablado y nos mandaron a Ciudad Dorada pero allí tenemos que pagar una hipoteca a 30 años, cuando en nuestras casas no teníamos que pagar nada”, denunció Suárez, cuya residencia es una de las que espera por ser demolida luego de ser catalogada como estorbo público.

“Nosotros tenemos pruebas de que la ex alcaldesa de Naguabo nos aseguró que solo tendríamos que pagar un dólar porque el cambio de residencia se iba a hacer pelo a pelo y ahora nos dicen que tenemos que tener una hipoteca de 30 años, pagando una mensualidad cuando en esta comunidad lo que hay son personas mayores y gente incapacitada que no tienen cómo pagar eso”, añadió.

Según explicó, unas 48 familias componían la antigua comunidad, establecida hace más de cincuenta años en terrenos invadidos. Sin embargo, desde que comenzó el proceso de reubicación,  ocho familias quedan en el lugar.

José Luis Sánchez, un veterano de 70 años de edad  y quien nació en el barrio, dijo sentirse desplazado en todo este proceso.

“Nosotros teníamos nuestro título de propiedad pero eran de las casas, no del terreno y por eso nos están sacando. Cuando le reclamamos al alcalde él dice que eso es de (el Departamento de) Vivienda pero cuando vamos a Vivienda, ellos nos dicen que la demolición es del Municipio, que el problema es de ellos. Esto se ha convertido en el juego de la papa caliente”, indicó.

Asimismo, Luis Alberto Cantero, otro de los residentes que aún no ha sido reubicado, lamentó la presunta manera atropellada en que el Gobierno está actuando.

“Me mandaron un tasador y me dijeron que mi casa valía 75 mil dólares, después vinieron y me dijeron que eran $42 mil, pero ellos no me quieren comprar la casa. Ellos me dicen que soy yo quien tengo que venderla. Yo no tengo problema en mudarme para Ciudad Dorada, pero que no tenga que pagar porque yo no tengo de dónde sacar el dinero para una hipoteca y ya tenía una casa donde no tenía que pagar nada”, dijo el hombre de 51 años.

 Los vecinos aseguraron que tienen en   pruebas que confirman los acuerdos a los que llegaron con las pasadas administraciones municipales y con  Vivienda antes de que el desahucio comenzara. Uno  fue una exoneración contributiva otorgada por el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) del 7 de agosto de 2012 que indica que “el Departamento de la Vivienda del ELA vende por el precio de un dólar” cada parcela a los residentes. No obstante, éstos aseguraron que el acuerdo todavía no ha sido honrado.