Una decena de adultos mayores se acostó ayer en la carretera PR-385 y otro grupo a pie intentó bloquear la vía para impedir el paso de camiones con cenizas al vertedero, pero la Policía volvió a viabilizar la entrada de los vehículos cercando a los manifestantes.

La Policía de Puerto Rico repitió entre la noche del lunes y la madrugada de ayer un operativo que incluyó escolta, el cierre de carreteras y la ocupación de Tallaboa para permitir que los camiones con cenizas de la empresa Applied Energy Systems (AES) de Guayama entraran a Peñuelas Valley Landfill (PVL).

En el proceso, decenas de manifestantes chocaron cuerpo a cuerpo con los policías e intercambiaron empujones y golpes.

“Había unos policías bien agresivos”, expresó Eduardo Rivera Aponte, conocido como “Chucho”.

El hombre de 77 años, oriundo del sector Seboruco y actual residente del barrio Santo Domingo de Peñuelas, opinó que esta ha sido la intervención policiaca más agresiva desde que se reanudó el depósito de cenizas el 12 de julio.

Jimmy Borrero Costas, por su parte, mencionó que los policías “les dieron contra el piso a las mujeres”.

Su esposa Yanina Moreno expresó indignación por el trato dado a los manifestantes, a quienes empujaron con manos y macanas.

“Lo que pasó allí fue una aberración, inverosímil, mucho peor que las veces anteriores. Esa gente vino dispuesta a todo. De la manera que humillaban y empujaban, sobre todo a las mujeres, fue desastroso”, sostuvo Moreno.

Una de las perjudicadas fue Jannette Albino, quien presentó una querella contra un agente de apellido Rodríguez, con placa 19987, por presuntamente tirarla al suelo.

“Mientras nos estaban empujando por la carretera, un policía le hizo un torniquete a un joven en la espalda y el agente Rodríguez estuvo empujando a Jannette en todo momento. Él se excedió y ella cayó al suelo y se golpeó”, señaló Moreno.

“La actitud que tomó la Policía hoy (ayer) fue de burla, bien hostil en todo momento. Es bien frustrante”, agregó la residente de Seboruco.

Moreno indicó que, en el forcejeo, a su hija se le cayó el teléfono y una cámara fotográfica. El celular se lo devolvió otra manifestante y la cámara estaba en manos de la Policía.

“Empecé a preguntarle a cada policía por la cámara y me encuentro de frente al teniente Alex Maldonado, quien la sacó del bolsillo de su chaleco. Él estuvo empujando a un compañero bien cerca de mí. La cogí, me viré y me fui, pero cuando mi hija me pidió que verificara la tarjeta de memoria no estaba. Regresé a donde Maldonado y me dijo que él no se la quitó”, relató Moreno, cuya hija presentó una querella.

La movilización de residentes hacia el campamento comenzó el lunes por la noche luego de recibir confidencias sobre los planes de AES para depositar cenizas con escolta policiaca. Durante la madrugada, los manifestantes bloquearon la rampa que conecta la PR-2 con la PR-385 y pusieron una barricada debajo del puente de esa vía. 

“Cuando llegamos, la Policía todavía no se había organizado. Empezaron a llegar y dejaron los vehículos frente al monumento al güiro. Luego los movieron frente al negocio Kami Kazy y dejaron un hueco como de carro y medio de largo. Los otros carros los alinearon hasta el puente y después llegaron motoras y se acomodaron en la orilla”, contó Chucho Rivera Aponte.

“Cuando vimos la intención de la Policía de acorralarnos (en el hueco) para que no nos manifestáramos, nos tiramos al piso y nos amarramos. Entonces pusieron las vallas y se pararon detrás”, prosiguió.

En ese grupo la mayoría tenía entre 60 y 70 años de edad; el más joven era un muchacho de 19 años. Estuvieron acostados alrededor de una hora hasta que llegaron los 41 camiones con cenizas de AES, a eso de las 6:00 a.m.

Como los carriles que conducen hacia el vertedero estaban bloqueados, otro grupo de manifestantes intentó impedir el paso de los camiones por el resto de la vía, pero los policías los empujaron hasta dejarlos pillados frente al monumento al güiro. 

Un residente identificado como Juan Román Aponte, de 73 años, fue detenido por supuesta violación de los artículos 245 (empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) y 246 (resistencia y obstrucción a la justicia). 

Luego de la detención, el hombre se sintió mal, por lo que fue llevado a un CDT en Ponce. Sus compañeros indicaron que tiene un marcapasos y sintió dolor de pecho.

Román Aponte, quien por la tarde ya se encontraba estable según Yanina Moreno, fue citado a comparecer al Tribunal de Guayanilla el 9 de agosto.

Calla la Policía

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, denegó la solicitud que le hiciera el senador popular Cirilo Tirado para revelar cuánto costó el operativo policiaco del 12 de julio, que incluyó la movilización de cientos de efectivos y el uso del helicóptero de FURA. 

“Sobre el particular, somos del criterio que lo requerido por usted se trata de información de seguridad nacional, de carácter confidencial”, indicó Pesquera en una carta.

El titular evaluó el acceso a la información pública como parte del derecho a la libertad de expresión, sobre el que dijo “no es de carácter absoluto” ya que “debe ceder ante casos de imperativo interés público como resulta, en esta ocasión, la seguridad del colectivo”.

“Los costos en los cuales incurre la Policía de Puerto Rico en la realización de su trabajo implica ofrecer información sobre los miembros de la Policía que se movilizan a tales fines, lo que es parte esencial de planes operacionales de seguridad nacional, lo que está revestido de confidencialidad”, alegó Pesquera.

También dijo que la restricción del acceso a la información “es la necesaria para salvaguardar los derechos constitucionales, tales como no menoscabar la logística de seguridad pública, que es el deber ministerial intrínseco de la Policía de Puerto Rico”.