La Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) concretaron este viernes un acuerdo mediante la firma de una escritura de fideicomiso que dispone que los depósitos futuros de los dineros por concepto de contribución mueble e inmueble que generan los munipios, se mantendrán en una cuenta aparte en la banca privada.

El acuerdo fue anunciado por los abogados del CRIM y del BGF en una vista ante el juez superior Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal de San Juan. El convenio debe ser ratificado por la Junta de Gobierno del BGF, y el juez citó a las partes en el pleito a una vista de seguimiento el próximo 29 de octubre a las 3:00 p.m.

Mediante el arreglo, los $290 millones que el CRIM tiene depositados en el BGF, serán transferidos al fideicomiso, pero van a permanecer bajo la custodia de la entidad gubernamental en una cuenta separada. En tanto, los $155 millones que los municipios no han enviado al BGF desde que radicaron el pleito y que están depositados en la banca privada, permanecen en esas instituciones bancarias y van al fideicomiso, pero a otra cuenta.

“El tribunal acoge con beneplácito el acuerdo. Agradezco la colaboración de las partes y de los abogados, y que hayan escuchado mi llamado al diálogo”, dijo el juez Pagán Ocasio, quien reconoció la presencia en sala de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y los alcaldes de Bayamón y Carolina, Ramón Luis Rivera Cruz y José Carlos Aponte Dalmau, respectivamente.

La abogada del BGF, Giselle López Soler, le informó al juez que estuvieron “en continuas conversaciones con el CRIM” y que los asuntos principales “fueron negociados”.

Mientras tanto, la abogada del CRIM, Laura Rechany Hydrach, le indicó al magistrado que el BGF les presentó una oferta, que la Junta del CRIM tuvo la oportunidad de evaluar para hacerle ajustes. Primero, le informó al juez que faltaban algunas firmas de alcaldes, pero después de un receso, la abogada anunció que todos los miembros del CRIM habían ratificado el acuerdo.

“Habemus fideicomiso”, dijo a este medio la alcaldesa de la capital, quien al igual que el alcalde de Bayamón es parte de la Junta de Directores del CRIM.

“Esto demuestra una voluntad de hacerle bien al país por encima de cualquier diferencia. Si alguna situación ocurre, el dinero de la gente de los municipios está protegido como mandataba la ley desde 1991 y no se había cumplido”, sostuvo Cruz Soto, quien es tesorera de la Junta del CRIM.

La primera ejecutiva municipal añadió que antes de finiquitar el acuerdo, el BGF alegaba que existía un fideicomiso, “pero no existía, y cuando los datos se llevaron al hecho concreto, llegamos acuerdos para que son buenos para todas las partes”. 

Dijo que con el acuerdo, el BGF retiene los $290 millones “por lo que los municipios no estamos afectando la liquidez con esta transacción, y es bueno para el CRIM porque cumple con la ley y establece una salvaguarda para los municipios”.

Por su parte, el alcalde de Bayamón sostuvo que lo único que faltaba sería constituir el fideicomiso con una escritura pública, pero en en la sala judicial se informó que ya estaba hecha y que solo requería el aval del BGF.

“De la misma manera en que los alcaldes votamos mediante un referéndum y en una hora resolvimos todo, entedemos que la Junta del BGF puede hacer lo mismo”, indicó Rivera Cruz, también miembro de la Junta del CRIM.

“Se protegen los intereses de todos los ciudadanos de los 78 municipios. Vamos a un escenario hipotético, Dios no quiera que ocurra y por alguna razón el gobierno central tiene que cerrar operaciones por uno o dos meses, pues por lo menos, quedan los muncipios abiertos para dar servicios básicos a la ciudadanía”, acotó el alcalde bayamonés.

El alcalde de Carolina, cuyo municipio es parte interventora en el litigio, sostuvo que los $155 millones de los municipios que están depositados en la banca privada, “van completos al fideicomiso”. Explicó que para municipios como Carolina, que todos sus préstamos están en la banca privada, como para los municipios pequeños, cuyos préstamos están con el BGF, así como los que tienen una combinación de prestamos tanto en la banca privada como en el BGF, “ese dinero está garantizado que se va a pagar a esos acreedores”.

La alcaldesa de San Juan detalló que el fideicomiso es una cuenta aparte de la que nadie puede sacar el dinero a menos que sea para alguna de las acciones estipuladas. “Se divide en diferentes subcuentas, una será para el pago de los préstamos que se pagan al BGF, otra para el pago de los préstamos a la banca privada y otra para el pago de otros préstamos, como entidades federales. Nosotros decidimos cómo se va a invertir ese dinero, y si hay algún problema, nosotros podemos ir al mercado con una garantía y el dinero queda a salvo”, sostuvo Cruz Soto.

“El fideicomiso es una cuenta que tiene todas las garantías de que el dinero se va a utilizar para lo que corresponde en ley, que es pagar los préstamos que hagan los municipios y hay otra cuentecita que es para las remesas mensuales que le van a llegar a los municipios para pagar la nómina, el recogido de basura y otras cosas”, añadió el alcalde de Bayamón.

El arreglo contó con el visto bueno de los nueve alcaldes que integran la Junta de Directores del CRIM. Otros dos miembros, uno de la Oficina Central de Asuntos Municipales (OCAM) y otro del BGF, también son parte del organismo.

Además de la alcaldesa de San Juan y del alcalde de Carolina, son miembros de la Junta del CRIM, el alcalde de Manunabo, Jorge Márquez, quien es el presidente; el de Caguas, William Miranda Torres; el de Juncos Alfredo “Papo” Alejandro y el de Dorado, Carlos López.

Por los novoprogresistas están, además del de Bayamón, los alcaldes de Las Piedras, Miguel “Mickey”López, y el de Cidra, Javier Carrasquillo.