La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, les aseguró a varios integrantes del Campamento Contra las Cenizas de Carbón que el cuerpo que dirige no intervendrá con manifestantes, de surgir nuevas protestas que busquen impedir el depósito de este material en los vertederos industriales del municipio.

Sin embargo, sí lo haría en caso de que los manifestantes violen la Ley 22 de Tránsito.

Cabe señalar que obstruir la vía pública ha sido la estrategia utilizada por ellos para detener el paso de camiones a los vertederos industriales de Peñuelas, y esa fue la razón que usó la Policía para justificar los arrestos de 62 personas en noviembre pasado, aunque en febrero no presentaron las denuncias y los casos se archivaron.

Sus expresiones se dieron el pasado viernes durante una reunión que sostuvo con un grupo de peñolanos en la Comandancia de Ponce.

Tal y como había adelantado en entrevista con Primera Hora en diciembre pasado, la funcionaria reiteró que la Policía tampoco intervendrá con los camioneros que intenten llevar el desecho de Applied Energy Systems (AES) a Peñuelas Valley Landfill (PVL) o al vertedero de Ecosystems. 

Esto, porque la opinión de la superintendente es que le corresponde a la Policía Municipal de Peñuelas hacer valer la ordenanza que prohíbe dicha práctica y que fue avalada el último mes del 2016 por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“La Policía no va a intervenir con manifestantes porque el Tribunal Supremo fue claro respecto a la validez de la ordenanza municipal. Ella lo dijo. Pero la superintendente hizo claro que tampoco pueden intervenir con los camioneros a menos que la Policía Municipal haga la diligencia en primera instancia”, explicó José Manuel Díaz, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa y quien participó de la reunión.

Con relación a las violaciones a la Ley 22, el grupo le manifestó a la superintendente “la preocupación de que la Policía estaba siendo selectiva en cuanto a quién le aplicaba la ley y a quién no, porque los camioneros obstruyeron el tránsito en la carretera PR-2 sin ser arrestados, pero al día siguiente detuvieron a manifestantes”.

Díaz señaló que la jefa policial justificó las intervenciones pasadas con el argumento de que órdenes judiciales se lo ordenaban, mas no comunicó si investigaría las irregularidades que les imputan los manifestantes.

“Fue parca en ese sentido. Estaba anotando y dijo que iba a abundar más sobre las querellas”, mencionó Díaz.

Entre las preocupaciones esbozadas por el grupo ante la superintendente estuvieron los arrestos que se efectuaron antes de que llegaran los camiones al área de protesta, grabación selectiva de manifestantes, detenciones en terrenos privados y la escolta que le dio la Policía a los camioneros más de una vez.

“Entendemos que esta reunión fue a destiempo, pero nos sirvió para expresar nuestras inquietudes. Estamos pidiendo que estas cosas que vuelvan a suceder”, manifestó Díaz.

Hernández visitó el vertedero en diciembre y se reunió con el abogado de EC Waste, operadora de PVL, en enero.