Arecibo. Decenas de manifestantes se reunieron ayer, miércoles, en una esquina de la plaza pública de esta ciudad para manifestar su disgusto ante la aprobación del permiso de aire por parte de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para la propuesta planta waste to energy que se pretende construir en ese municipio.

Ante la presencia de miembros de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Teresa Sánchez Rodríguez, del grupo activista Madres de Negro, rechazó la aprobación del permiso de aire de la EPA otorgado a la compañía Energy Answers Arecibo, LLC (EA), que desde el 2010 ha estado intentando establecer una planta de conversión de residuos a energía en ese pueblo.

“Esto es un crimen ambiental, un acto de corrupción. La EPA tiene la data, tiene todo el conocimiento y ellos saben que esta planta representa un peligro para todos los arecibeños y el pueblo de Puerto Rico en general”, manifestó Sánchez Rodríguez

“Entendemos que esto es una incongruencia de la EPA, que por un lado dice que tenemos una alta incidencia de enfermedades y, sin embargo, aprueba un proyecto como este, que liberará muchas partículas tóxicas”, afirmó.

No obstante, Sánchez Rodríguez pidió a la multitud “que no bajaran la guardia”, ya que faltan otros permisos antes de que Energy Answers pueda establecer la planta propuesta.

“Saber lo que hizo la EPA me da más fuerza de seguir luchando. Tenemos que seguir luchando con más fuerza... No podemos permitir que estas personas vengan a instalarse aquí con esa planta dañina”, señaló.

“Nosotros vamos a ir al Gobierno y llevarle nuestra evidencia del daño que ocasionaría esta planta en Arecibo. Le vamos a demostrar que nosotros tenemos la razón y que nuestro pueblo no quiere una incineradora en Arecibo ni en ninguna otra parte”, subrayó.

El martes, Energy Answers emitió un comunicado de prensa anunciando la aprobación final del permiso de aire otorgado por la EPA, que se dio a solo días de que la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) anulara el contrato que ambas compañías habían suscrito el año pasado, que obligaría a ADS a cumplir con la aportación de 2,100 toneladas de basura diaria para la planta incineradora. Según la opinión emitida por el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, este acuerdo limitaría las facultades de cada municipio para disponer de sus desperdicios.

Además de otros permisos menores, aún faltan por tomar en consideración la autorización de ubicación y el permiso de construcción bajo el Reglamento de Prevención de Contaminación Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental.