Naguabo. En la incertidumbre. Así se sienten los residentes del sector Loma del Triunfo ante el riesgo ambiental y de seguridad que representa la construcción de una torre de telecomunicaciones en pleno centro de su comunidad.

Según denunciaron varios residentes -a pesar de encontrarse en un terreno privado-, la construcción de la torre -la segunda establecida en el lugar por la compañía Global Tower Partners- se hizo ilegalmente y sin tomar en consideración la Ley 89 de 2000, que regula la construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones en la Isla.

“Esto nos crea mucha incertidumbre porque sabemos que los efectos de estas antenas en la salud de las personas son nocivos...”, indicó Vanessa Aponte Medina, portavoz de los vecinos y cuya casa se encuentra a unos 250 metros de las antenas.

“Aunque sabemos que las antenas están en el terreno de una de las vecinas, que recibe dinero por el alquiler del espacio, esto tampoco es como cambiarle el color a una casa, que puedes hacerlo sin consultar a la comunidad. Aquí nos vemos todos afectados por esa decisión”, añadió.

Los vecinos argumentaron que las torres representan un peligro inminente para las 93 familias que residen en la zona, no solo por las emisiones electromagnéticas y el efecto que estas pueden tener en el ser humano, sino por el peligro de que puedan caer sobre las residencias en caso de un evento atmosférico.

“Esto se construyó al garete. La compañía no notificó a todos los residentes, solo a los que viven a 100 metros de las antenas y no solo eso, están en violación de la ley porque ya había un contrato con la torre anterior que construyeron y dijeron que tenían un permiso para reemplazo de la torre pero lo que hicieron fue construir otra. Eso sin mencionar que nuestras propiedades deprecian con esa construcción ahí”, aseguró Aponte Medina mientras señalaba ambas estructuras.

La portavoz indicó, además, que el Gobierno ha fallado en regular efectivamente las acciones de las compañías que construyen estas torres.

Aponte Medina también dijo que el tiempo que se ofrece para que las comunidades apelen la construcción de una torre de telecomunicaciones es “intencionalmente” corto.

“Todo esto está hecho intencionalmente. Ellos (el Gobierno) dan solo 10 días para que la comunidad haga una querella pero sabemos que eso no es suficiente. Ellos saben lo difícil que es para una comunidad de personas que trabajamos, reunirnos para hacer una querella y el Gobierno, que se supone vele por los intereses de los ciudadanos, lo que hacen es velar por los intereses de estas compañías”, sentenció la también profesora universitaria.

Alerta ante la proliferación

Wilson Rivera Ramos, portavoz de la Coalición de Comunidades en Contra de la Proliferación de Antenas en Puerto Rico, aseguró que la construcción de las torres se está haciendo indiscriminadamente y sin tomar en cuenta la seguridad de las comunidades.

“Esta práctica se está haciendo muy común en la Isla y los mecanismos que se supone regulen la instalación de estas torres, no están funcionando. Recientemente le preguntamos a un representante de una de estas compañías cuál era el criterio que les exigía el Gobierno para darles los permisos de construcción y esa persona, muy cándidamente, nos admitió que ellos establecían el criterio, no el Gobierno”, aseguró Rivera Ramos.