Entre cánticos católicos y coreando consignas para exigir justicia al Estado de Honduras, una enorme multitud recorrió el sábado las calles polvorientas de este pueblo natal para sepultar los restos de la líder indígena y activista ambientalista Berta Cáceres, asesinada aquí a tiros hace tres días.

"Berta Cáceres presente hoy y siempre", "La lucha sigue y sigue" y "¡Berta Vive!" gritaron los manifestantes, en su mayoría de la etnia lenca, a su paso hacia el cementerio general de La Esperanza, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital hondureña, Tegucigalpa, bajo el rítmico sonar de tambores de afrohondureños.

La multitud llorosa se desplazó de la casa de la madre de la víctima, Austra Flores, en el barrio El Calvario, a la ermita de La Gruta, donde se ofició una misa auspiciada por dirigentes de organizaciones ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Numerosos hombres se turnaron para cargar en sus hombros el ataúd de Cáceres en su ruta por más de 10 kilómetros de las vías del pueblo junto a los cuatro hijos de la víctima: Olivia, Berta, Laura y Salvador.

Ellos iban con su padre y ex esposo de Cáceres, Salvador Zúñiga, quien exclamó frente al cuerpo de la mujer: "Perdóname Bertita, perdóname porque no pude comprender tu grandeza".

En la víspera, su madre dijo en rueda de prensa que "espero que este horrendo crimen no quede en la impunidad y que el gobierno sea presionado internacionalmente para hallar y castigar a los verdaderos responsables".

Por su parte, su hija Olivia afirmó que "mi madre murió por defender la tierra y los ríos de su patria".

Al menos dos hombres armados llegaron la madrugada del jueves a la casa de Cáceres en La Esperanza, derribaron la puerta trasera, ingresaron y le dispararon a la mujer para luego huir en un vehículo, informó el ministro de Seguridad, Julián Pacheco. Su cuerpo presentaba cuatro impactos de bala.

El mexicano Gustavo Castro Soto, activista en defensa de los derechos humanos, estaba en la vivienda de Cáceres en ese momento. Una bala le rozó la mejilla y la mano izquierda, que le hicieron caer al piso, donde fingió estar muerto para que los atacantes no lo remataran, según Pacheco.

Castro había llegado días antes a la ciudad para ofrecer conferencias a los indígenas de La Esperanza. Las autoridades lo consideran un testigo protegido clave para resolver el caso.

Pacheco informó que hay dos sospechosos detenidos en torno al crimen, entre ellos el vigilante del barrio donde está la casa de Cáceres.

"Los dos hombres son interrogados por la policía porque se sospecha que podrían estar involucrados en el asesinato. Sin embargo, las investigaciones continúan y pronto tendremos resultados", subrayó el funcionario.

El presidente Juan Orlando Hernández anunció que el asesinato de la líder indígena se investiga con ayuda de Estados Unidos.

El embajador estadounidense en Honduras, James Nealon, aseguró a los periodistas al asistir al funeral de Cáceres que "hemos pedido a una investigación rápida y exhaustiva para que el peso de la ley se aplique a los responsables", y calificó el hecho de "repudiable y cobarde".

Cáceres, de 45 años, había denunciado que era objeto de amenazas de muerte por parte de la policía, el ejército y grupos de terratenientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares desde 2009, pero el gobierno hondureño no le asignó protección.

El canciller Arturo Corrales afirmó el viernes en una ceremonia oficial a la que asistió el cuerpo diplomático que "este asesinato no quedará impune" y que "existe abundante información para resolver el caso".

Por su campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial, Cáceres obtuvo el premio Goldman que se concede anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambiente. En esa oportunidad Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia de Honduras, para protestar contra una represa.

Con su lucha impidió que el constructor más grande de represas del mundo, la compañía estatal Sinohydro de China, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invertiría en la obra, también abandonó la iniciativa.

La represa se construiría sobre el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para la supervivencia de esos pueblos.

Los lencas, con más de 400.000 miembros diseminados en Honduras y El Salvador, se consideran custodios de la naturaleza y sobre todo de los ríos. Según la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus de sus mujeres, que son sus principales guardianas.