Iguala, México- Las autoridades investigan si en varios fosas comunes clandestinas, en la que se han encontrado restos de cuerpos calcinados, los cuerpo corresponden a alguno de los 43 estudiantes que se encuentran desaparecidos tras un violento enfrentamiento entre la policía y manifestantes ocurrido hace una semana en esta ciudad del sur mexicano, dijo el domingo un abogado de las familias que tienen jóvenes desaparecidos.

Los funcionarios no hicieron comentario alguno sobre el estado de las tumbas o la identidad de los cuerpos. Pero una persona que visitó el lugar, que se encuentra acordonado, dijo que había contado 29 cadáveres y todos estaban "completamente carbonizados"; algunos incluso "sin ningún tipo de tejidos".

La persona, quien accedió a dar la información sólo si no revelaba su nombre porque no estaba autorizado a discutir el caso, dijo que las fosas parecían ser de reciente factura.

El abogado Vidulfo Rosales, quien representa a las familias que buscan a los jóvenes desaparecidos, dijo a The Associated Press que los funcionarios tendrían que hacer pruebas para identificar los restos encontrados en las seis fosas hechas en una colina a las afueras de Iguala, donde una serie de incidentes violentos sucedidos el pasado fin de semana provocaron la muerte a tiros de seis personas y más de dos docenas de heridos.

Rosales dijo que los familiares de 37 de los jóvenes desaparecidos ya habían proporcionado muestras de ADN que se utilizarán para determinar si los restos recuperados pertenecen a alguno de los alumnos.

Mientras los investigadores trabajaron en el lugar, unos 2,000 manifestantes bloquearon una carretera principal en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, para pedir justicia.

Las fosas, localizadas el sábado en las faldas de un cerro a las afueras de una barriada marginal de Iguala, a 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, eran unos enterramientos "profundos y recientes", dijo el funcionario.

El lugar, llamado Pueblo Viejo, es un territorio muy abrupto, de difícil acceso, que desde primera hora de la tarde del sábado quedó fuertemente custodiado por más de un centenar de policías federales, estatales y miembros del Ejército y la Marina.

El ejecutivo estatal no ha aclarado cuántos cuerpos hallaron ni el número de fosas, pero Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que acudió al lugar el sábado, dijo que eran seis enterramientos.

Sobre la condición en la que estaban los restos, el gobernador estatal Ángel Aguirre señaló el sábado que las víctimas habían sido "salvajemente masacradas", pero evitó especular sobre quiénes serían.

La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo de las fosas. Rosales explicó que los restos encontrados en las fosas permanecían el domingo por la mañana en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo para corroborar los datos genéticos.

Iñaky Blanco, procurador del estado, reveló el sábado que nuevos detenidos por los sucesos de Iguala fueron los que les indicaron la ubicación de las fosas.

En total hay 30 detenidos, 22 de ellos policías locales, varios de los cuales "son parte de la delincuencia organizada" y en concreto del grupo denominado Guerreros Unidos, señaló Blanco, quien añadió que se está intentando localizar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a través de todas las procuradurías del país y con apoyo de la Interpol.

La Procuraduría General de la República asumió el sábado la investigación tanto de la desaparición de los 43 estudiantes como de los trabajos de identificación de los cadáveres de las tumbas clandestinas, en los que también colaboran expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Esta entidad tiene abierta su propia investigación por "violaciones graves de derechos humanos" como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. En un comunicado, recordó que desde 2013 había alertado que la seguridad en Guerrero pasaba por un momento "delicado", no sólo por el número de delitos sino "por la ausencia de estrategias adecuadas para el combate de la inseguridad".

La violencia es una constante en Guerrero, ubicado en una región muy pobre, de gran activismo social y que varios cárteles de la droga se disputan.

En la protesta se leía una pancarta que decía "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", mientras bloqueaban intermitentemente y pacífica la carretera que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco a la altura de Chilpancingo.

"No son ellos a los que encontraron; desconocemos dónde los tengan, pero no son ellos. No confiamos en el gobernador Aguirre, sólo dice mentiras", declaró a la AP el padre de uno de los desaparecidos, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad. "Tenemos miedo, por eso no queremos dar nombres ni nuestros ni de los muchachos".

El gobernador Aguirre pidió a los guerrerenses mantener la calma para evitar violencia y garantizó que los culpables de los asesinatos serían castigados.

Sin embargo, el sábado por la noche jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron hasta la residencia del gobernador en Chilpancingo, donde lanzaron algunas bombas molotov y voltearon un vehículo después que las autoridades estatales les dijeran que no podían autorizarlos a ir al lugar de las fosas y tratar de ver los cuerpos para intentar determinar si son los de algunos de sus compañeros desaparecidos.

La Normal de Ayotzinapa, situada junto a la capital de Guerrero, es una especie de internado autosustentable que cuenta con granja y huerta, donde estudian la carrera normalista alumnos de comunidades rurales generalmente muy pobres y que forman uno de los movimientos estudiantiles organizados de mayor fuerza reivindicativa de la izquierda mexicana.

Los hechos se remontan al 26 de septiembre cuando un grupo de estudiantes de la Normal tomó varios autobuses en Iguala para usarlos en sus protestas, pero fueron atacados en varias ocasiones por policías locales y desconocidos armados.

La Procuraduría del estado confirmó entonces que en los incidentes murieron seis personas, entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años y que 57 alumnos desaparecieron. Se indicó además que 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Días después, las autoridades redujeron el número de desaparecidos a 43 e indicaron que los 14 restantes habían sido localizados, aunque la organización Tlachinollan —encargada del apoyo legal a las familias de los estudiantes— señaló que el ajuste se debió a la corrección de errores en la lista inicial.

El fiscal de Guerrero aseguró que había videos que demostraban que, tras el primer ataque de la policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de ellos, por lo que hay elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.