Tras más de 25 años en silla de ruedas, la irlandesa Marie Fleming, en estado terminal con esclerosis múltiple, reclamó hoy al Tribunal Supremo de Dublín que autorice su suicidio asistido para evitar una muerte "dolorosa, humillante y angustiosa".

La demandante, una exprofesora universitaria de 59 años, ha apelado ante el Supremo después de que un tribunal inferior irlandés le denegase el pasado enero el derecho a que su marido le ayude a quitarse la vida.

Durante la presentación del caso ante la máxima instancia judicial, el primero de este tipo en Irlanda, el abogado de Fleming, Brian Murray, recordó hoy que a su clienta, quien no asistió a la vista, le quedan "entre meses y dos años de vida".

El letrado aseguró que la condición física de la enferma, madre de dos hijos, no le permite "acabar con su vida sin ayuda" y pidió que la dejen "morir en paz y cuando ella decida".

Murray indicó que Fleming podría suicidarse con la asistencia de otra persona, su marido en este caso, quien de hacerlo sin autorización incurriría en un delito.

En Irlanda, el suicidio asistido está prohibido en virtud de la llamada Ley de Derecho Criminal (Suicidio) de 1993 y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel para quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.

"Desea acabar con su vida y morir, no cuando su cuerpo se vea abrumado por su enfermedad y al final del sufrimiento que experimenta en la actualidad, sino que quiere morir en paz y cuando ella decida de qué manera", apuntó Murray.

El abogado de Fleming insistió hoy en que la legislación vigente viola sus derechos personales y a la vida, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Tribunal Superior de Dublín, compuesto por tres jueces, desestimó el pasado 10 de enero esos argumentos al asegurar que la legislación "no infringe de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante.

Para la defensa de Fleming, la ley no solo viola sus derechos, sino que la discrimina frente a las personas "capaces y sanas" que pueden acabar libremente con su vida.

Ante el rápido deterioro de su salud, afirmó Murray, Marie sabe que pronto podría "perder la capacidad de comunicarse, de acabar totalmente "silenciada, pero consciente e incapaz de expresar sus pensamientos y deseos".

Otra cuestión que el Supremo deberá abordar será la planteada por la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos (IHRC), una de las partes invitadas a presentar de nuevo ante este tribunal argumentos legales a favor de un cambio en la legislación vigente.

La Comisión quiere que la Justicia decida si la "criminalización" del suicido asistido está justificada en casos en los que deben "prevalecer" los "derechos personales" de la persona que solicita un suicidio asistido.

La IHRC sostiene que en otros países, como el Reino Unido o Canadá, sus respectivas Fiscalías disponen de unas "directrices claras" que delimitan los casos en los que "pueden o deben" actuar.

En este sentido, en su dictámen del pasado mes los magistrados del Tribunal Superior de Dublín recordaron que, en casos extremos como el de Fleming, la Fiscalía tiene cierta autonomía para decidir si emprende o no acciones legales contra alguien que se haya prestado a ayudar en un suicidio.

Sin embargo, rechazaron la posibilidad de que el Estado entregue a la Fiscalía "un manual claro de actuación" y recomendaron a las autoridades que sigan las directrices marcadas en el Reino Unido.

Dada la importancia de este caso, sin precedentes en la jurisprudencia irlandesa, el Tribunal Supremo estará formado por siete jueces, que durante dos días más analizarán el recurso de apelación, con escasas posibilidades para que prospere la petición de Fleming.