El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia que podría dar lugar a que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un movimiento que, según Amnistía Internacional, privaría, si el gobierno la respalda, de toda esperanza de justicia a cientos de miles de sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos.

El Tribunal Constitucional dominicano alegó que, cuando el país se unió a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, lo había hecho sin respetar su propia constitución. Ahora, el gobierno debe indicar cuál es su postura respecto a esta decisión y qué consecuencias puede tener.

El sistema regional de derechos, compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es considerado un complemento necesario a los mecanismos nacionales de protección en toda América. A lo largo de los años, miles de víctimas y sus familiares en todo el continente lo han visto como su única oportunidad de obtener justicia después de que los sistemas nacionales de justicia les fallaran.

La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de considerar inconstitucional su unión a la jurisdicción de la Corte Interamericana se ha producido a solo dos semanas después de que esta fallara en contra de la decisión judicial de la República Dominicana que privaba de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que viven en el país.

“Con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad, y ha demostrado su sesgo político al defender intereses particulares”, manifestó la directora del Programa para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, en un comunicado de prensa divulgado por el capítulo de esa entidad en Puerto Rico.

“El privar a las personas de la oportunidad de hallar justicia en el extranjero cuando se les niega en su país no solo resulta indignante, sino que supone además un inquietante paso atrás en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país”, agregó.

Amnistía Internacional instó a las autoridades de la República Dominicana a respetar sus obligaciones internacionales e implementar en su totalidad la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se revoque la decisión de privar de manera retroactiva su nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana en el país.