Cancelan contrato a Pablo Casellas

09/07/2012 |
Pablo Casellas Toro ofrecía servicios al Instituto de Ciencias Forenses, la Oficina del Contralor, al Departamento de Agricultura, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industrias Cinematográficas. (teresa.canino@gfrmedia.com)  
Guardan silencio en torno a pesquisa sobre la procedencia de fianza millonaria.

Casualmente, tres días antes de que Pablo Casellas Toro recibiera la notificación el pasado lunes para comparecer a una cita en el tribunal –donde se le radicaron cargos criminales por presuntamente asesinar a su esposa, Carmen Paredes–, al corredor de seguros se le canceló un contrato gubernamental que tenía con el Departamento de Hacienda desde el 2009 y con el que llegó a devengar hasta $81,698.

Así lo informó a Primera Hora la portavoz de prensa de la agencia, Milagros Rodríguez, al indicar que el contrato con Casellas Toro estuvo vigente hasta el 31 de agosto, o sea, hasta el viernes pasado.

Rodríguez explicó que la determinación de culminar el convenio se le notificó a principios de agosto mediante una carta al imputado, quien preside la compañía Casellas Toro Insurance Brokers y la compañía Red Properties Inc.

El contrato de Casellas Toro con Hacienda se llevó a cabo a través de la División de Seguros Públicos que dirige Eliezer Ramos y el mismo consistía en ofrecer servicios de pólizas en cinco agencias: el Instituto de Ciencias Forenses, la Oficina del Contralor, el Departamento de Agricultura, la Junta de Gobierno del Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industrias Cinematográficas. En total fueron cuatro los contratos establecidos con Casellas Toro, los cuales datan por año fiscal, desde el 2009. El monto de los contratos se desglosaba: $10,843 (2009), $22,493 (2010), $25,334 (2011) y $23,028 (2012).

En entrevista con WKAQ el 20 de julio, el secretario de Hacienda, Jesús Méndez, fue cuestionado sobre este asunto y sostuvo que no se cancelaría el acuerdo laboral porque “no hay nada que haya venido a nuestro conocimiento que evite que se provean estos servicios”. Esto a pesar de que ya se comenzaba a vincular a Casellas Toro con el asesinato de su esposa, quien también se desempeñaba como ejecutiva de seguros.

Ayer, Rodríguez se limitó a expresar que “el contrato se canceló velando por el mejor interés de las agencias a las que se les provee el servicio de las pólizas”.

“El grupo de trabajo entendió que debido a su situación personal no podía brindar el servicio que necesitan”, agregó referente a Casellas Toro, quien actualmente permanece bajo arresto domiciliario y bajo vigilancia de un grillete electrónico, luego que su padre, el juez federal Salvador Casellas, prestara una cuantiosa fianza de $4 millones.

¿De dónde salió el dinero de la fianza?

De otra parte, el secretario de Hacienda dijo que no podía entrar en detalles sobre si se realiza o no una investigación para conocer la procedencia de los $4 millones con los que se pagó la fianza de Casellas Toro.

“No podemos entrar en detalles sobre las investigaciones específicas que lleva a cabo el Departamento, ya que la protección de la información de los contribuyentes está establecida bajo la Carta de Derechos del Contribuyente de nuestro Código de Rentas Internas”, expresó de forma escrita cuando este diario le solicitó una reacción a las expresiones públicas que hiciera el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, al indicar que el padre de Casellas Toro debía reportar en Hacienda cómo consiguió el dinero.

Somoza hizo referencia a la Ley 190 de 2009, la cual dice que “todo imputado que pague su fianza en efectivo, contará con cinco días laborables a partir del momento en que quedó en libertad bajo fianza para presentar una certificación del Departamento de Hacienda que establezca que el fiador es un contribuyente bonafide y que ha reportado ingresos que justifican la fianza que se propone prestar”.

La respuesta de Méndez respecto a este asunto en particular fue la siguiente: “Es importante destacar que el imputado de delito tiene que presentar evidencia de la procedencia del dinero utilizado para el pago de fianza al tribunal y a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). De modo que si el imputado no puede demostrar de dónde proviene el dinero, no se acepta el pago de la fianza”.

¿pudo ser menos de $4 millones?

Mientras, Primera Hora supo que a Casellas Toro sí se le podía diferir el 10% en el delito por destrucción de prueba, donde se le impuso una fianza de $1 millón, pero el Tribunal desistió la posibilidad por recomendación de OSAJ pues durante la entrevista inicial con el imputado se determinó que no cumplía con algunas de las garantías como, por ejemplo, tener una línea de teléfono hábil. Además, en OSAJ no estaban del todo convencidos de que el padre del imputado, el juez federal Casellas, fuese la persona idónea para fungir como tercer custodio.

De hecho, una persona con conocimiento del caso indicó que “fueron muchos los intentos de conseguir a otro familiar o amigo”, pero nadie quiso aceptar la responsabilidad que conllevaba hospedar en su residencia a Casellas Toro y asistir obligatoriamente con él a todas las citas judiciales y con OSAJ pues, de lo contrario, incurriría en desacato según lo establece la Ley 123 de 2012.

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