Se develó el misterio.

Fue el propio juez Salvador Casellas quien prestó la alta fianza de $4 millones que se le fijó a su hijo Pablo Casellas Toro, acusado por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, ejecutiva de Assurant Solutions.

El secretario de Hacienda, Jesús Méndez, por su parte, certificó ayer que el juez Casellas es un contribuyente bona fide, cumpliendo con la exigencia impuesta por el juez del Tribunal de Instancia de Bayamón Rafael Villafañe.

En tanto, el Departamento de Justicia incorporó al fiscal Sergio Rubio Paredes al equipo integrado por las fiscales Phoebe Isales y Janet Parra, tal como habían anticipado la pasada semana. Rubio es un experimentado fiscal que disfruta de gran respeto en la esfera judicial.

Rubio llevó el caso contra Ismael Román García, cerebro del crimen contra su ex novia Kenia Rosario Viera, una enfermera torturada y sodomizada por otros tres sujetos en su presencia el 23 de octubre de 2001 en el barrio Tejas de Humacao, logrando su convicción.

También consiguió la convicción de José Concepción Guerra, conocido como “Matojo”, acusado de asesinar al niño Eliezer Encarnación Alicea mientras jugaba al esconder en una residencia en Bayamón.

Sobre el asunto de la fianza, Primera Hora supo que, contrario a lo que se pensaba, la cuantiosa cantidad de dinero que se entregó el 5 de septiembre pasado no se aportó entre varias personas y tampoco salió del bolsillo del abogado Guillermo Ramos Luiña, quien fungió como fiador. El dinero salió de las arcas del juez Casellas, quien, según indicó una fuente a este diario, es una persona acaudalada.

La fuente indicó que el juez le hizo un poder a Ramos Luiña, quien es su abogado y el apoderado a quien le delegó hacer los trámites relacionados con la fianza.

“Se le hizo un poder. De esa manera el juez no tendría que lidiar con los trámites, el ajetreo y la tensa situación”, se indicó.

Primera Hora supo, además, que la esposa del juez se encuentra en condición delicada de salud, otra razón por la que delegó en Ramos Luiña.

Casellas fue socio mayoritario del bufete de abogados Fidler & González, donde levantó parte de su fortuna. De hecho, en los informes financieros que tienen que rendir los jueces federales a la Administración de Tribunales federal todos los años, el magistrado boricua aparece como uno de los de más sólida posición económica.