El abogado de Pablo Casellas Toro a nivel federal, Francisco Rebollo Casalduc, no augura que su representado salga pronto de prisión, luego de que el Primer Circuito de Boston determinara que se celebre nuevo juicio en su contra por entender que no recibió un juicio justo e imparcial en la Isla y que el juez de distrito erró al no ver una moción de supresión de evidencia de la defensa.

A nivel estatal, el Tribunal de Apelaciones determinó a finales de noviembre que se celebre nuevo juicio en el caso en su contra por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, por lo cual fue sentenciado a 109 años de prisión en 2014. A tales efectos, hay una conferencia de estatus pautada para este jueves y el secretario de Justicia local, César Miranda, adelantó que el Ministerio Público solicitaría una reconsideración.

"Si se le concede fianza en el foro estatal, tenemos que decidir si se pedirá fianza a nivel federal. Pero depende en primera instancia en la decisión del foro estatal", explicó Rebollo Casalduc.

Cuando se le preguntó si saldría de prisión pronto, el abogado contestó: "La respuesta es que nadie sabe. Ocurrirá lo que proceda en derecho, pero tampoco puedo decir que va a salir próximamente".

"Teóricamente podemos pedir fianza desde ya. Pero en la práctica, como tiene una orden de detención a nivel estatal, no vale la pena porque se queda preso de todas formas en la estatal, que tiene jurisdicción primaria", manifestó Rebollo Casalduc.

El experimentado abogado destacó que "la bola está en la cancha" de la Fiscalía Federal de Miami, Florida, que procesó el caso federal contra Casellas Toro por supuestamente mentir a agentes federales al alegar que fue víctima de un carjacking el 17 de junio en 2012, al salir del Club de Tiro Metropolitano de Toa Baja, fecha en que este establecimiento estaba cerrado porque era Día de los Padres. Alegó que le robaron un arma, que fue la que se usó para matar a Paredes, el 19 de julio de 2012.

"Ahora, al Departamento de Justicia federal le asiste el derecho de pedir reconsideración ante el circuito. También pueden ir al Tribunal Supremo. O solicitar que se celebre un nuevo juicio (fuera de la jurisdicción)", dijo Rebollo Casalduc.

No obstante, recordó que su cliente fue sentenciado el 11 de agosto de 2014 a 21 meses (un año y nueve meses) de cárcel a cumplirse concurrentemente con la pena estatal. Dijo que con buena conducta, la pena baja a 18 meses, que se cumplen a finales de enero o principios de febrero de 2016.

"En ese momento, se tornaría académico solicitar una fianza federal", agregó el abogado, quien señaló que si Fiscalía Federal decide solicitar una revisión, el proceso tomaría un tiempo y ya su cliente posiblemente habría extinguido la pena federal.

De los fiscales Michael Gilfarb y Andy Camacho solicitarle al juez federal Joseph Goodwin, del Distrito de Virginia Occidental, celebrar un nuevo juicio, tendría que ser fuera de Puerto Rico. El abogado recordó que en un inicio se contempló trasladar el caso a Boston, Virginia Occidental o Miami.

De determinarse que se celebraría nuevo juicio, "entonces se podría pedir fianza en espera del nuevo juicio".

En cuanto a la determinación del Apelativo en revocar la convicción y sentencia de su cliente por entender que no tuvo un juicio justo e imparcial, el abogado opinó que eso es lo que ha planteado Casellas Toro en todo momento.

"Todo lo que ha pedido y sigue pidiendo al día de hoy es que su caso se pueda ver ante un jurado que pueda evaluar la prueba justa e imparcialmente. Los problemas que enfrentan los casos de Casellas se deben a que los reclamos de la defensa no han sido atendidos apropiadamente. Aquellos que estén preocupados con los casos de Pablo porque las convicciones estén confrontando los problemas que están confrontando, a quien tienen que reclamarle es a los respectivos fiscales de los departamentos de justicia (estatal y federal) que se empeñaron en llevar a cabo este juicio ante jurados a los que era mucho pedirles que fueran justos e imparciales dada las circunstancias", expresó.

Ayer, lunes, un panel compuesto por los jueces Robert Benton, del Octavo Circuito, David Sentelle, del Circuito de Washington D.C., y Adalberto Jordan, del Undécimo Circuito, determinaron que la convicción y sentencia a nivel federal contra Casellas Toro no procedía porque se le denegó a su defensa una moción de supresión de evidencia y su petición para que el caso se viese en otra jurisdicción debido a la "publicidad excesiva" que recibió el caso del asesinato de Paredes, lo que a su juicio impedía conseguir un jurado justo e imparcial.

Entendieron que hubo "abuso de discreción" por parte del Tribunal de Distrito, ya que la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza a los acusados el derecho a un juicio con un jurado imparcial.

Los jueces del circuito que vieron el caso no son del Primer Circuito de Boston, dado a que se inhibieron por ser el acusado hijo del juez federal Salvador Casellas. Es por esto que el juez de distrito que vio el juicio en su fondo y los fiscales que lo procesaron no fueron del Distrito de Puerto Rico.

La determinación de Apelaciones devuelve el caso a la corte de distrito para "procesos venideros", que puede incluir la celebración de un nuevo juicio.

El corredor de seguros fue sentenciado el 11 de agosto de 2014 por este caso a una pena de cárcel de un año y nueve meses, que se extinguen entre enero y febrero, y tres años de libertad supervisada. A nivel estatal, fue sentenciado el 6 de febrero de 2014 a 109 años de prisión por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su hogar en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo. Ese veredicto fue revocado recientemente por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, por entender que la decisión del jurado debía ser unánime y no 11 a uno, como fue el dictamen.

Una vez fue encontrado culpable y sentenciado, la defensa apeló la determinación a nivel federal al entender que hubo "publicidad perjudicial", "masiva" y "sensacionalista" que no permitió que su representado tuviese un juicio justo e imparcial.

"Su señoría, con todo respeto, no recibí un juicio justo e imparcial en la corte federal, ni en la corte estatal. Hubo un bombardeo constante de evidencia distorsionada. Lo único que he pedido es un jurado justo e imparcial que pueda evaluar mi caso", dijo Casellas Toro el día que fue sentenciado en el Tribunal Federal.