El secretario de Hacienda, Jesús Méndez, reconoció el martes que nunca han aplicado la disposición de la Ley 190 de 2009 que exige a imputados de delito que prestan fianza en efectivo someter una certificación que establezca que el fiador es un contribuyente bonafide.

A raíz del requerimiento que hizo el tribunal a Pablo Casellas Toro, acusado del asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón y quien la semana pasada prestó una fianza de $4 millones en dos cheques de gerente, Méndez indicó en entrevista con Radio Isla 1320 que la agencia que dirige ni siquiera tiene un formulario para emitir esa certificación.

“No conozco de un caso anterior donde se haya solicitado esta certificación. No hay un formulario, que yo tenga conocimiento, en el Departamento de Hacienda que se hace a tenor de esta Ley 190 (2009)”, expresó Méndez, quien dejó en manos del tribunal los parámetros bajo los que se trabajará el documento.

“El que exige el documento, la certificación, es el tribunal así que ellos son los que tienen que indicarnos qué es lo que esperan recibir en ese documento. La ley lo que indica es que certifique que es un contribuyente bonafide. Contribuyente bonafide no es un término definido bajo el Código de Rentas Internas, así que hay una situación interesante”, señaló el secretario, al admitir que el nuevo estatuto aún no se había aplicado a otro caso en la agencia que dirige.

“Tengo que recibir la determinación del tribunal, a la luz de esa interpretación que ellos hacen. Los tribunales son los que interpretan la ley, para ver exactamente qué es lo que esperan del Departamento de Hacienda”, sostuvo.

Según el secretario, la ley no incluye al Departamento de Hacienda, “la ley lo que le exige a un imputado de cargos, sujeto a una fianza, el traer una certificación del fiador”. “El tribunal es el que tiene la responsabilidad de implantar la ley”, señaló, al reconocer que espera por instrucciones del tribunal.

Tras la determinación de causa para arresto contra Casellas Toro, varios funcionarios gubernamentales, incluyendo al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, se atribuyeron como logro de esta administración el que se exigiera una certificación de Hacienda a acusados de delito que pagaran fianzas con dinero en efectivo.