La fiscal de distrito Phoebe Isales expresó sentirse satisfecha con el desarrollo de la investigación que se conduce sobre el crimen de la de la ejecutiva de ventas y mercadeo de la empresa Assurance Solutions, Carmen Paredes Cintrón, de 46 años, ocurrido el 14 de julio pasado, en su hogar de la urbanización Tierralta III, de Guaynabo.

La funcionaria hizo las expresiones este miércoles a su salida de la sala de investigaciones del Centro Judicial de Bayamón, luego de someter otro caso de alto interés público, el de la tasadora Brendalí Sierra Ramos, ocurrido el 7 de septiembre de 2011.

“Satisfecha totalmente con el desarrollo de la investigación. Nosotros estamos totalmente satisfechos con el manejo del caso”, sostuvo la fiscal durante una improvisada conferencia de prensa.

A la pregunta si había adoptado las medidas correctas en el transcurso de la criticada pesquisa, en la que fue señalado como sospechoso del crimen Pablo Casellas Toro, ahora viudo de Paredes Cintrón, se limitó a responder que “en todos los casos (he actuado bien)”.

La fiscal Isales aseguró que en su debido momento se conocerá quién autorizó al suegro de la víctima, el juez federal Salvador Casellas a estar en la escena del crimen, luego de que el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, asegurara en la víspera que tuvo acceso con autorización, sin revelar de quién.

Tampoco respondió si recibió instrucciones del Secretario de Justicia o desde La Fortaleza para permitirle a Casellas su presencia en la escena.

“En su momento lo sabrán, se dicen muchas cosas pero yo no voy a contesta”, añadió Isales.

Sobre la alegada presión política que han recibido los fiscales para la presentación de casos de alto interés público, algunos antes de tiempo como ha trascendido públicamente, Isales respondió que su único interés es el esclarecimiento.

“La presión la tenemos nosotros mismos porque a nosotros nos interesa esclarecer los casos y trabajamos en equipo con la Policía para eso”, manifestó la funcionaria del Ministerio Público.

Tampoco quiso adelantarse a poner un plazo para la presentación de cargos contra el esposo de la víctima, luego de los allanamientos efectuados en la escena del crimen, la residencia de su suegro y la ocupación del auto de su viudo para ser analizado en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“No hay manera de predecir fechas exactas”, se limitó a expresar.