El representante por el Partido Nuevo Progresista, Ángel “Gary” Rodríguez, le exigió al retirado excoronel de la Policía, José Caldero, que explique su participación en lo que denominó como un esquema de manejo turbio para que se le devolviera la licencia de armas y el permiso de tiro a Pablo Casellas.

Rodríguez aseguró que Caldero, ahora asesor de seguridad del alcalde de Caguas, William Miranda Torres, y del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, obvió procedimientos requeridos para devolverle la licencia de armas a Casellas en una transacción ocurrida en el 2007.

“Aquí la pregunta al coronel es si recibió órdenes del liderato del PPD para tramitar esto lo antes posible, para tramitar esto fuera de los procedimientos”, manifestó Rodríguez,quien es candidato a la reelección y convirtió el reclamo en un asunto partidista en vez de uno de integridad o de seguridad.

Rodríguez insistió en que Caldero debe explicar por qué se le devolvió la licencia a Casellas sin que mediara una vista administrativa, una vez que se le había notificado que se le retiraba el permiso debido a que tenía expediente criminal en el estado de New Jersey alegadamente por drogas.

 No obstante, de los documentos entregados por Rodríguez no se desprende alguna acción directa de Caldero en el asunto y tampoco se puede precisar si en efecto nunca se celebró vista alguna.

El representante sí entregó copia de una nota a mano dirigida a Caldero por el entonces jefe de alguaciles federales en Puerto Rico, Herman J. Wirshing. La nota tiene fecha de febrero 7 de 2007, y Wirshing le indica a Caldero que existe una orden judicial que “ordena eliminar de los records el arresto”.

 Precisamente, un día antes de la creación de esa nota, el 6 de febrero de 2007, una carta firmada por el entonces superintendente auxiliar en Servicios al Ciudadano de la Policía, José G. Marrero, le anunciaba a Casellas que se le había revocado la licencia debido a que tenía expediente criminal.

 No obstante, el 15 de marzo de 2007, el mismo Marrero Ruiz cursó una nueva misiva en la que explica que “mediante documentos recibidos de parte del jefe de alguaciles federales Herman J. Wirshing dirigidos a José G. Marrero se analizó la orden de eliminación de récord del estado de New Jersey docket no. 15258 con fecha del 1991 y consultado con el administrador de terminales NCIC (National Crime Information Center) no encontramos impedimento alguno por el cual no pueda seguir disfrutando del privilegio antes concedido”. 

A pesar de que la cancelación de la licencia de armas y de tiro de Casellas se dio por él tener expediente criminal, situación que quedó eliminada debido a una orden judicial, según los documentos entregados por el representante, el político insistió en que se debió haber llevado a cabo una vista administrativa.

 “Aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente: el 6 de febrero se le revoca la licencia y el 7 se comunica Caldero con Wirshing y sin haber tenido proceso administrativo como todos nosotros le devuelven sus armas. Esa intervención de Caldero es la que él tiene que explicar”, dijo Rodríguez refiriéndose a la nota a mano, escrita por el alguacil federal.

Cabe destacar que Rodríguez reprodujo la nota que le escribió Wirshing a Caldero así como la hoja de trámite, no así el resto de los documentos que le envío el funcionario federal a Caldero, según el “cover letter” o el primer papel del documento, que indicaba que eran diez las páginas enviadas. 

Además, la carta en la que se indica sobre la eliminación del récord se produce más de un mes después de la comunicación de Wirshing a Caldero.

“No hubo vista administrativa. Simplemente y sencillamente le elimina el récord al señor Pablo Casellas”, insistió Rodríguez.