Posponen juicio contra Pablo Casellas hasta el 2013

11/01/2012 |11:54 a.m.
Casellas Toro enfrenta cargos de asesinato en primer grado, Ley de Armas y destrucción de evidencia. (gerald.lopez@gfrmedia.com)  
El juicio contra Pablo Jose Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón quedó señalado para el 15 de enero de 2013.

El juicio contra Pablo Jose Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón quedó señalado para el 15 de enero de 2013.

El juez José Ramírez Lluch, del Tribunal de Bayamón, aclaró que la fecha "no está escrita en piedra", luego que ambas partes se opusieran a esa fecha por entender que no estarán preparados.

El juez pautó para el 6 de diciembre una vista de estatus en la que los abogados deberán explicar y presentar evidencia al tribunal de por qué no estarían preparados para comenzar el juicio en enero.

Durante una conferencia para discutir el estatus de los procedimientos previo al juicio, el magistrado ordenó a los abogados Harry Padilla, Juan Ramón Acevedo y Arturo Negrón García, y a los fiscales Phoebe Isales, Janet Parra y Sergio Rubio Paredes reunirse el 13 de noviembre para hacer un inventario de la evidencia entregada como parte del descubrimiento de prueba y detallar lo que falte para discutirlo en la audiencia del 6 de diciembre.

La fiscal de distrito Isales destacó que todavía hay una gran "cantidad de material de evidencia que no se ha terminado" y que todavía el agente del caso está llevando prueba a evaluarse por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Los abogados, por su parte, adelantaron que hay mucha prueba técnica y necesitarán contratar peritos en el tema, lo que les tomará mucho tiempo.

 Acevedo y Negrón García añadieron que el 28 de enero próximo en el Tribunal de Caguas tienen pendiente, además, el juicio contra el exalcalde de Cidra, Ángel "Wiso" Malavé, por actos lascivos.

El juez Ramírez Lluch denegó una petición de la defensa para que la fiscalía les entregara el historial criminal y de salud mental de los testigos, de haberlo, para en su momento impugnar su credibilidad. Sí ordenó a la fiscalía que informe si algún testigo recibió inmunidad o incentivo económico. La fiscal Isales adelantó que solamente se ha beneficiado el hermano de la víctima, dado a que la oficina de Víctimas y Testigos paga por los traslados de Estados Unidos, donde vive, a la Isla.

También rechazó una petición del abogado para que extendiera la "orden protectora" por el exceso de publicidad que ha tenido el caso.

 "En este país se ha formado una opinión pública en este caso. Ya el país condenó", argumentó Negrón García, quien recordó que la prueba no se ha dilucidado en el tribunal, pero ya se han filtrado detalles del caso.

La fiscal Isales se opuso por entender que la prensa tiene un derecho constitucional a investigar, además de que los casos se dilucidan en los tribunales.

Tras escuchar a las partes, el juez se reiteró en la orden protectora ya emitida para que las agencias no hablen de la prueba y aclaró que no hay orden de mordaza ni la implantará. Accedió a que las mociones relacionadas a asuntos de salud del acusado sean selladas.

El miércoles, el juez Ramírez Lluch emitió una resolución en la que ordenó al Departamento de Justicia, la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses abstenerse de divulgar información sobre el caso. La orden, sin embargo, garantiza el acceso de los miembros de la prensa al expediente del caso.

Los hechos de este caso ocurrieron el 14 de julio pasado en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.

 Casellas Toro enfrenta cargos de asesinato en primer grado, Ley de Armas y destrucción de evidencia. En su contra pesa, además, un cargo menos grave por dar información falsa sobre un supuesto carjacking que luego se corroboró que nunca ocurrió.

El acusado está bajo "lock down" en casa de su padre, el juez federal Salvador Casellas, tras prestar una fianza de $4 millones.

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