Se prepara defensa de Pablo Casellas

07/31/2012 |
El abogado de Pablo Casellas expresó que jamás divulgaría información privilegiada públicamente. (Archivo)  
Conviene conocer lo que dicen los testigos para preparar el interrogatorio y el contrainterrogatorio.

La posibilidad de que el corredor de seguros Pablo Casellas Toro pudiera ser acusado por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, es razón suficiente para que el juez federal Salvador Casellas incorpore investigadores al equipo de defensa de su hijo, una estrategia que se sigue en un potencial proceso criminal siempre que la persona implicada tenga la solvencia económica para hacerlo.

“Algunos abogados de defensa lo hacen para prepararse por la posibilidad de acusaciones que puedan venir e ir preparándose en caso de que suceda”, dijo a Primera Hora un experimentado detective que se dedica a esos menesteres.

“Se busca prueba exculpatoria y para aclarar si verdaderamente la persona es o no la responsable de los actos”, apuntó.

Explicó el investigador que se busca a los potenciales testigos para que la defensa les tome declaraciones bajo pena de perjurio, en el caso de la jurisdicción federal, y declaraciones juradas para, en su día, tenerlos disponibles.

Está condicionado, dijo el detective, a lo que las personas digan voluntariamente.

“Mi experiencia es que los abogados empiezan la investigación para ir descubriendo prueba que, en su día, ayude en la preparación para el juicio o a sentar dudas sobre la versión que pueda traer el Gobierno”, acotó.

“Un caso que trabajé previo a las acusaciones, cuando vinieron a acusar ya los abogados tenían una idea de lo que los testigos iban a decir o podían decir. Eso ayuda al abogado para prepararse de antemano si hay testigos que pudieran ser testigos de cargo en su día. Si cambian la declaración, a la defensa se le facilita porque pueden impugnar su credibilidad”, dijo.

“El cliente no siempre dice toda la verdad. Pueden venir sorpresas. Se supone que diga la verdad para poder establecer estrategias y teorías de defensa, pero hay clientes que no lo hacen”, agregó el detective.

El contratar investigadores resulta costoso y lo hacen personas que pueden pagarlo.

“ Los jueces conocen el procedimiento criminal y los derechos del acusado y los derechos del sospechoso... Entiendo que están en todo su derecho”, concluyó.

El abogado Osvaldo Carlo, quien ayer generó controversia al dar a conocer que el juez Casellas contrató a dos ex fiscales y dos investigadores privados, comentó que “ya se está creando una atmósfera pública en contra de Pablo Casellas y es lógico que no se sienten a esperar y que sean reactivos”.

Carlo supo sobre la investigación que lleva la defensa “por una persona que fue entrevistada por el investigador”.

“Esta investigación se utiliza cuando tienes diferentes versiones sobre los hechos para ver si la acusación se va a sostener en un tribunal”, dijo.

“Es importante corroborar su versión porque en su día vas a tener que confrontar a un testigo y el investigador te provee la información para interrogarlo y contrainterrogarlo”, acotó.

Se le planteó a Carlo que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, reaccionó molesto a la investigación por entender que es una obstrucción a la justicia.

“No debe haber ninguna razón para que un secretario de Justicia inste a un ciudadano a no hablar con un investigador privado. La verdad es la verdad y, cuando un testigo dice la verdad, no importa sea a un investigador o a un fiscal, la verdad es sólo una”, dijo.

Juan Ramón Acevedo, uno de los abogados de Casellas Toro, reaccionó molesto a la información develada por Carlo.

Acevedo expresó que, aun cuando la información fuese cierta, jamás, ni él ni Arturo Negrón García divulgarían información privilegiada públicamente.

“Si fuera el caso, eso se mantiene confidencial. Nosotros respetamos el derecho de toda persona durante una investigación”, acotó.

La ley es clara

Por su parte, la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, informó que los informes periciales no se proveen a familiares del fallecido cuando está en curso la investigación criminal. Durante la fase investigativa, sólo el fiscal y el agente investigador del caso tienen acceso a estos documentos.

“La Ley 13 del 24 de julio del 1985 establece que el informe pericial no se entrega a nadie que no sea el fiscal en etapa de investigación o un agente de la Policía”, explicó Conte.

La funcionaria subrayó que en el caso de Paredes los documentos “no se va a facilitar”, y negó rotundamente que en el caso del niño Lorenzo González Cacho, en el que también entró a investigar un investigador privado, el ICF proveyera los informes forenses.

Sara M. Justicia Doll colaboró con esta historia.

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