La jueza Elizabeth Linares Santiago, del Tribunal de San Juan, encontró esta mañana causa para juicio contra Jonathan Soto Bonilla, quien confesó a las autoridades que provocó el accidente mortal frente al residencial público El Prado en Río Piedras en el que murieron seis personas, luego de que el joven renunciara al poceso de vista preliminar.

Soto Bonilla, de 22 años y conocido por el alias de “787”, enfrenta seis cargos de homicidio negligente, dos cargos de lesión negligente, tres infracciones a los artículos de la Ley de Tránsito por provocar un accidente, abandonar la escena, conducir sin licencia y por la posesión de un vehículo hurtado.

En el accidente, ocurrido el 1 de febrero, fallecieron Laura Vivas Rodríguez, de 73 años; su nieta Raiza Calderón García, de 21 años; y sus biznietos Laura Montalvo Calderón, de 3 años; Anthony Saldaña García, de 6; Génesis Saldaña García, de 9, y Amanda Calderón, de 10 meses de nacida.

Hoy se celebró en la sala 608 una vista sobre el estado de los procedimientos para que el abogado de oficio Federico López Santiago y la fiscal Jimara Gabriel Maisonet informaran a la magistrada sobre el resultado de unas conversaciones que habían iniciado en la vista pasada.

Las partes no alcanzaron un acuerdo, pero Soto Bonilla a través de su abogado renunció a la celebración de la vista preliminar.

“El tribunal está aceptando su renunica por entender que se realizó de forma libre, voluntaria e inteligentemente”, afirmó la jueza Linares Santiago.

Parado al lado de su abogado Soto Bonilla, quien se encuentra detenido en la cárcel de Bayamón, bajó la cabeza y cerró los ojos por unos instantes.

En el salón de sesiones, algunos familiares suyos observaban el proceso.

Entonces la jueza fijó la lectura de acusación para el 26 de marzo y el inicio del juicio para el 14 de mayo.

Otros casos pendientes

Hoy también debía iniciar una vista preliminar contra Soto Bonilla por dos cargos de violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica y una infracción a la Ley de Armas, pero este proceso se pospuso porque la alegada víctima no se presentó a sala. Estos cargos se radicaron en ausencia el 13 de julio del 2010.

Ante la ausencia de la testigo la jueza Linares Santiago pautó el proceso para el 1 de abril y último día de los términos. Esto quiere decir que si la testigo no se presenta a sala ese día, la magistrada puede desestimar el caso a petición del abogado de la defensa.

Posterior a estos procedimientos criminales, Soto Bonilla, quien fue extraditado desde Nueva York para enfrentar los cargos relacionados a la tragedia de El Prado, tendrá que comparecer este jueves ante el juez Enrique Silva Avilés para enfrentar acusaciones por un doble asesinato ocurrido el 12 de agosto de 2012 en el residencial público Nemesion Canales en Hato Rey.

Esa vista preliminar se sigue contra Soto Bonilla y otros 11 hombres por cargos de asesinato, secuestro, conspiración y violación a la Ley de Armas.

En los tres casos el licenciado López Santiago representa al hombre.

Sigue el diálogo

A su salida de sala, la fiscal Gabriel Maisonet indicó a la prensa que se mantiene en conversaciones con la defensa de Soto Bonilla.

“La vez pasada se suspendió, pero no había acuerdo. Era auscultar la posibilidad de un acuerdo. El acusado a través de su representación legal en el día de hoy decidió renunciar a la vista preliminar por los delitos según imputados y sí todavía no hay un acuerdo”, expresó.

La funcionaria no quiso especular sobre sus exigencias para formalizar un acuerdo, que lleve al acusado a realizar una alegación de culpabilidad.

“No me gustaría decir algo que todavía no se ha dado. Como el licenciado y yo no hemos llegado a unas conversaciones profundas al respecto, no me gustaría especular sobre el asunto. Lo que te puedo decir es que estamos preparados (para ver el caso), pero tampoco estamos cerrados a ninguna posibilidad”, indicó Gabriel Maisonet.

Sobre la pena de cárcel por el caso de El Prado, indicó que la misma recae sobre el juez y depende de diversas circunstancias como las condiciones agravantes y atenuantes.

Pero señaló que cada homicidio negligente contempla una pena de 8 años, las lesiones negilentes conllevan una pena de 3 años y las violaciones a la Ley de Tránsito contempla una pena mínima de 3 años hasta una máxima de 10 años. Esta penas podrían cumplirse de forma concurrente o consecutiva.

Gabriel Maisonet también insistió en que “tiene prueba sólida más allá de duda razonable”.

El licenciado López Santiago, por su parte, pareció contradecirse al decir en un momento que las conversaciones seguían y en otro, que no había conversaciones.

“No hay acuerdo. No estamos buscando un acuerdo. Por el momento, vamos a renunciar a la vista preliminar. Nos vamos a preparar para el juicio, incluyendo el descubrimiento de prueba”, indicó.

“No porque no haya un acuerdo, no significa que no estemos negociando. Estamos en conversaciones con ellos”, agregó.

Indicó también que analizará el mejor curso de acción a seguir tras completar el proceso de descubrimiento de prueba y ver con qué evidencia cuenta el ministerio público.

Contrario al análisis de la pena de cárcel que corresponde en el caso de El Prado, el abogado aseguró que su cliente se expone a 8 años de prisión.

“Del análisis que hemos hecho entendemos que el máximo que se le debe imponer es un máximo de ocho, pero eso es algo que un tribunal y un juez va a evaluar”, acotó.