La abogada María Juarbe confirmó que el juez José A. Grajales González, de la Sala de Relaciones de Familia y Menores del Tribunal de Bayamón, archivó la solicitud de Ahmed Alí González que procuraba despojar a Ana Cacho de la patria potestad de sus dos hijas.

Sin embargo, la abogada rechazó que esta acción se deba a que incumplió con el debido proceso de ley al evitar que Sharon González Maldonado y Brenda Berríos Morales, abogadas de Cacho, tomaran una deposición a su cliente como parte del descubrimiento de prueba, como aseguró una fuente judicial a este medio.

"No obedece a una sanción de desestimación por incumplimiento a la asistencia a la deposición, habida cuenta que el caso estaba paralizado", afirmó la licenciada en leyes en entrevista telefónica con este medio.

Agregó que en una moción escrita que sometió posterior al periodo que el magistrado concedió a las partes para expresarse sobre la deseabilidad de continuar con el caso, ella pidió que el caso continuara paralizado o se archivara.

Aseguró también que esta determinación no supone un traspié para su cliente González en su empeño por evitar que Cacho se relacione con sus hijas, porque en el proceso el juez también archivó una petición de reivindicación de la patria potestad de Cacho.

Por esta razón, según la abogada, Cacho ya no recibirá las fotos y las actualizaciones sobre el estado de la salud de las menores.

Una fuente judicial reveló a este medio que el pasado viernes, el juez Grajales González archivó la solicitud de González. La fuente reiteró este lunes esa información.

Aclaró también que en la notificación que el magistrado envió no se informa la razón del archivo, pero que de la evaluación del expediente y el trámite del caso se desprende que la falta del descubrimiento de prueba pesó en la determinación del juez Grajales González.

 La fuente precisó que el Departamento de Justicia también objetó el descubrimiento de prueba y que la notificación del juez Grajales González se limita al caso de González.

"Se archiva la solicitud de privación de patria potestad sin perjuicio", consigna la orden del juez Grajales González con fecha del 6 de junio.

Este medio intentó comunicarse con las abogadas de Cacho, pero ninguna respondió las llamadas de este medio.

Actualmente, González mantiene la custodia física y legal de sus hijas, mientras Cacho libra una batalla en los tribunales por recuperar la custodia de las menores, a quienes no ve desde hace tres años, tras el asesinato de su hijo Lorenzo cuando el entonces niño de 8 años estaba con ella en el hogar en Dorado.

Queda pendiente la determinación del Tribunal Supremo, que el 21 de diciembre pasado paralizó la efectividad de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que permitía a Cacho visitas supervisadas con sus dos hijas y también ordenaba la celebración de un nuevo juicio en el caso civil de custodia.

En su determinación, el panel de juezas compuesto por Aleida Varona, Emalind García y María del Carmen Córdova citó jurisprudencia que confirma que un padre o una madre tienen derecho a relacionarse con sus hijos.

El panel de juezas del Tribunal de Apelaciones también subrayó que el Departamento de la Familia no podía usar como perito a la sicóloga clínica Elsa Cardalda, quien antes de sentarse en el banquillo de los testigos había atendido a la menores a través del Programa Biosicosocial del Centro Médico en Río Piedras.

Pese a que no se ha sometido una acusación en su contra, el Departamento de Justicia identificó a Cacho como sospechosa de la muerte de su hijo Lorenzo González Cacho, de 8 años.

El niño murió el 9 de marzo de 2010, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Dorado, luego que su mamá descubrió al menor ensangrentado en la cama donde dormía con su otra hermana de 6 años. La otra menor tenía, en ese momento, 13 años.

El patólogo Carlos Chávez, del Instituto de Ciencias Forenses, determinó que no se trató de una muerte accidental, sino que el menor recibió un golpe fuerte en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo del niño también presentaba heridas de arma blanca en el rostro.

 González demandó recientemente a su exesposa para exigirle el pago de pensión alimentaria por las dos hijas, quienes residen bajo su techo. Este caso no sido resuelto.