Antonio Peluzzo Perotín, el abogado acusado junto a otros por un esquema de trámite de licencias fatulas para portación de armas ligado a la armería The Lawman Gunshop, en Bayamón, podría declararse culpable tan pronto como este martes.

Esta tarde se llevó a cabo una vista con antelación al juicio, y los fiscales Luke Cass y José Capó informaron que, aunque las ofertas para un posible acuerdo contra Peluzzo Perotín y el coacusado Julio C. Medina Mojica habían expirado, estaban dispuestos a renovarlas.

Los abogados de Peluzzo Perotín, Jorge Armenteros y Luis Rivera Rodríguez, se acercaron al estrado del juez federal Francisco A. Besosa, quien luego para récord informó que su representado tendrá hasta este martes, 16 de septiembre, para hacer alegación de culpabilidad. De no ser así, el juicio comenzaría el 29 de septiembre.

A Medina Mojica, quien estaba libre bajo fianza, se le revocó dicho privilegio y fue detenido por alguaciles federales en plena sala.

Esto ocurrió luego de que su oficial de probatoria informara que el coacusado violó varias condiciones de fianza, como manejar y poseer un arma de fuego y tener contacto directo o indirecto con potenciales testigos.

El testigo de la fiscalía fue el agente especial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) quien entrevistó a alrededor de ocho personas que testificaron que Medina Mojica fue el 3 de mayo pasado al club de tiro de Humacao, cuando fue arrestado. El día antes había sido acusado. Cuatro de los testigos alegaron que estaba en posesión de un arma de fuego, mostró a las personas cómo manejarla, y dos de ellos dijeron que tenía un arma en su cintura.

En cuanto a los potenciales testigos, el agente aclaró que empleados de dicho club de tiro podrían ser testigos en el caso.

A preguntas del abogado de Medina Mojica, Ovidio Zayas Pérez, el agente aseguró que el arma que manejó el acusado no era de embuste y aceptó que él trabajaba allí dando mantenimiento y alimento a los animales del lugar. Destacó que no se informó si disparó o si el arma estaba cargada.

El juez aclaró que entre las condiciones de fianza, no importa si el arma estaba cargada o no, y ordenó revocar la fianza y detenerlo. Ordenó además que sea evaluado sicológicamente para determinar su competencia mental durante la comisión del delito.

Medina Mojica y José M. Prado Colón eran instructores de tiro y supuestamente cobraban por emitir documentos para certificar que diversas personas tomaron los cursos de uso y manejo de armas, cuando se alega que en realidad nunca las ofrecieron. Ambos enfrentan cargos por robo de identidad agravada y producción de documentos falsos.

Los demás acusados en este caso son los dueños de la armería The Lawman Gunshop, María del Carmen Rivera Negrón y su esposo Julio Colón Santiago, que ya se declararon culpables.

Peluzzo Perotín fue arrestado en diciembre con 300 cargos por violaciones de falsificación de firmas de jueces, sellos y órdenes de los tribunales estatales de Aibonito, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan, además de causar u ocasionar la creación de identificaciones falsas para que sujetos porten armas de fuego, así como por violaciones de robo de identidad agravada.

Se alega que Peluzzo cobraba entre $1,000 y $1,500 para conseguir permisos de portación de armas, lo que hizo falsificando firmas de jueces y mandó a hacer un sello del tribunal en una tienda que vende artículos de oficina. De forma expedita y sin tener que ir a vistas con testigos de buena reputación, emitía las licencias de portación. Se estima que se apropió de $1.8 millones.

Por su parte, el matrimonio fue arrestado en marzo pasado y enfrentan 490 cargos por supuestamente llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fraudulentas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas, cobrando entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud, con la asistencia de Peluzzo Perotín.

Se alega que diligenciaban permisos ilegalmente al tener acceso directo a la Comandancia de Bayamón, donde supuestamente llevaban "donas, pitorro y café" a cambio de su ayuda.

De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.