ACLU apoya reformar la Uniformada

Por Francisco Rodríguez-Burns / frodriguez@primerahora.com 04/03/2013 |
La ACLU sostiene que el acuerdo no atiende de manera adecuada las técnicas de dispersiónen las manifesta-ciones. (Archivo)  
ACLU da visto bueno, pero dice que plan se queda corto en tema de las manifestaciones.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) apoyó el acuerdo propuesto por el Departamento de Justicia federal y del Gobierno de Puerto Rico para reformar la Uniformada, aunque también señaló la necesidad de “fortalecer” áreas relacionadas con el uso de la fuerza de los agentes, particularmente durante manifestaciones convocadas por ciudadanos que ejercen su derecho de libre expresión.

El director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez, aseguró que las medidas sugeridas, de ser finalmente implantadas en la Policía de Puerto Rico durante un periodo que se podría extender por varios años, generalmente atienden todas las preocupaciones de su organización, pero también puntualizó que el acuerdo “tiene unas debilidades”.

Para la organización, el nuevo acuerdo se podría quedar corto en “las nuevas políticas de manejo de multitudes, la interacción con manifestantes, el manejo de manifestaciones públicas y los derechos constitucionales para expresión y asamblea”.

La ACLU, que solicitó ser “amigo de la corte” en la controversial demanda que entabló el Departamento de Justicia federal para iniciar una reforma en la Uniformada, también señala que el acuerdo, que aún no ha sido aprobado, tampoco atiende de manera adecuada las técnicas de dispersión de manifestaciones que podría aprobar un oficial supervisor. Estas incluyen llaves, es decir, un lance para ejercer presión física que podrían inmovilizar al ciudadano. “(Incluir) provisiones (en el acuerdo) son necesarias para prevenir el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes”, dice una moción que radicó la ACLU en su defensa de los cambios propuestos para la Policía.

La reforma policial, según se desprende de algunos estimados preliminares, podría ascender a unos $300 millones. Una orden que recientemente fue radicada por el juez federal Gustavo Gelpí, quien preside el caso, llamó a capítulo a las autoridades federales ante la precariedad económica del Gobierno de Puerto Rico.

Pero la reforma, según Ramírez, podría ahorrarle al Gobierno local millones de dólares en demandas por uniformados que se exceden en la fuerza contra los ciudadanos.

Las medidas también establecen un sinnúmero de salvaguardas para proteger los derechos constitucionales de los boricuas e inmigrantes.