Organizaciones ambientales y ciudadanos que se oponen al establecimiento de la incineradora en Arecibo radicaron una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones para que revoque la consulta de ubicación que la Junta de Planificación le concedió a la empresa Energy Answers en el 2010. 

Este recurso se une a otras acciones legales presentadas por el abogado Pedro Saadé y otros letrados en los que se cuestionan todos los permisos otorgados a dicho proyecto por las agencias de gobierno. De hecho, hace varias unas semanas también demandaron a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), quien ya concedió el permiso de construcción.

“Energy Answers ofreció información incorrecta o incompleta a la Junta de Planificación. Ocultó datos sobre la verdadera cantidad de contaminantes producidos peligrosos a la salud, la preexistente contaminación con plomo del área de Cambalache, exageró el número de empleos y obvió posibles daños a áreas naturales, entre otros”, declaró Saadé en un parte de prensa.

Añadió que “a pesar de que esta consulta se aprobó en tiempo récord bajo la cuestionada orden administrativa de emergencia del pasado gobierno, la Junta de Planificación se ha negado a revisarla. Los derechos de participación ciudadana han sido violados por esta agencia y se ha negado a darnos una vista para fundamentar esta solicitud, y ni siquiera ha explicado el porqué de la negativa. El presidente de la Junta, señor (Luis) García Pelatti, ha ido al extremo de prorrogar dicha consulta sin estar facultado para ello. Esta agencia, renegando de su misión ministerial, se ha unido a la JCA actuando en beneficio de la megaincineradora y contra los intereses del País por directrices de (La) Fortaleza”.