Tras largos meses de negociaciones, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos firmó este miércoles un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para impulsar una reforma en la Policía local, en aras de establecer mayores controles en ese cuerpo de seguridad pública, profesionalizar a sus integrantes y procurar que se garanticen los derechos civiles de las personas.

Sin embargo, según estimados del gobierno de Alejandro García Padilla, podría tardar una década poner en vigor todos los ajustes que requiere el cuerpo policiaco, aunque el desarrollo de los nuevos protocolos y reglamentos que le regirán comenzarán próximamente.

El secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, fue el primero que tomó la palabra este miércoles en la tarde durante la firma del convenio en La Fortaleza, y señaló que el pacto permitirá "modernizar" la Policía, y posibilitará que esa agencia "esté bien equipada para mantener seguro al pueblo, protegiendo sus derechos y libertades civiles".

"Creo que todos los presentes pueden estar orgullosos del resultado de hoy, lo que representa un paso esencial hacia adelante y reafirma el compromiso del Departamento de Justicia con hacer valer la ley de manera justa y enérgica en todos los niveles", subrayó Holder, quien estuvo acompañado por García Padilla, el subsecretario de Justicia federal, Tony West, y las máximas figuras del componente de seguridad del gobierno estatal.

“Si bien reconozco que no se producirá una reforma completa y duradera de la noche a la mañana, confío en que este acuerdo abre un camino claro para responder inquietudes, corregir prácticas perturbadoras, salvaguardar los derechos de los ciudadanos de Puerto Rico, restaurar la confianza pública y garantizar la seguridad pública”, añadió Holder.

El acuerdo de unas 100 páginas dispone, entre otras cosas, que se promoverá un mejor reclutamiento en la Policía, así como la profesionalización de los agentes, se establecerán controles internos de responsabilidad, en los procedimientos de registros, arrestos e incautaciones, y se pondrán en vigor políticas antidiscrimen.

Asimismo, se fortalecerá la supervisión, se integrarán las comunidades a la gestión policíaca y se fomentará un mayor acceso a la información pública.

El cumplimiento será supervisado periódicamente por un asesor técnico que, según el secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances, se limitará a fiscalizar que se respeten sus disposiciones y "en lo absoluto" estará por encima del superintendente de la Policía, Héctor Pesquera.

Las partes deberán seleccionar al asesor de cumplimiento durante los próximos 90 días luego de la ratificación del acuerdo.

El acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y la administración de García Padilla se concretó en respuesta a la demanda que en diciembre pasado, interpuso el gobierno estadounidense en el Tribunal Federal por las múltiples violaciones a los derechos civiles y otras irregularidades reportadas en múltiples intervenciones de la fuerza policial en la Isla.

Tan pronto el pacto quedó sellado en la Mansión Ejecutiva, los representantes de los departamentos de Justicia federal y estatal se trasladaron al Tribunal Federal, en Hato Rey, donde a las 5:00 p.m. tendrían una vista ante el juez Gustavo Gelpí para confirmar el acuerdo y darle fuerza judicial.

El convenio dejaría sin efecto la demanda, pero según Sánchez Betances, el Tribunal Federal se reservaría la jurisdicción para atender cualquier controversia que surja por el incumplimiento de alguna de las disposiciones del documento. No obstante, antes de que un juez intervenga, las partes tendrían la oportunidad de discutir entre ellas la supuesta falta y llegar a entendidos.

El secretario de Justicia de Puerto Rico indicó que el pacto no dispone ningún tipo de sanción contra el gobierno local, de no cumplirse con las estipulaciones.

“Aquí se trata de un proceso en equipo”, indicó Sánchez Betances al insistir en que supuestamente, en todo momento, prevaleció un ambiente de colaboración y no adversativo, como suele ocurrir en los pleitos judiciales.

El gobierno desconoce con certeza cuánto costará poner en vigor el convenio, pero Sánchez Betances estimó que durante los primeros dos años podría requerir una inversión de entre $60 millones y $80 millones. Calculó que el costo disminuirá progresivamente a medida que se establezcan las bases de la reforma, y los cambios comiencen a tener efecto.

Holder anunció que el gobierno federal destinará $10 millones para impulsar el cumplimiento del acuerdo, y la administración de García Padilla incluyó $20 millones en el presupuesto recién aprobado con los mismos propósitos.

"Este acuerdo comprende un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad para modernizar y transformar radicalmente la estructura y funcionamiento de nuestra Policía. Es ocasión para fortalecer la Policía", afirmó García Padilla.

"Dicha profesionalización va de la mano con el profundo respeto a los derechos civiles de los puertorriqueños y todos aquellos que residen en Puerto Rico", puntualizó el primer ejecutivo.

El superintendente Pesquera precisó que los cambios comenzarán por el entrenamiento de los agentes del orden público, y la mecanización del sistema administrativo y operacional de la agencia.

Sánchez Betances, por su parte, describió el documento suscrito como un “plano” con unas guías sobre los ajustes que habrá que impulsar, pero los detalles sobre cómo se “construirá” la reformada fuerza policial serán formulados por el propio cuerpo con la asistencia de expertos. 

“Lo que hay aquí son unas guías, unos parámetros que, para cumplir, la Policía tiene que establecer esos procesos, esas políticas, esos reglamentos”, puntualizó Sánchez Betances.

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