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Acusación de gran jurado por traqueteo con helicóptero

Por Primerahora.com 01/12/2018 |02:01 p.m.
Según trascendió, el proceso de compra fue sin subasta y ordenado desde La Fortaleza al final del mandato de Alejandro García Padilla. (Archivo)  
El propietario de la empresa Ecolift fue señalado por un esquema de fraude en la venta de helicópteros al gobierno de Puerto Rico.

El representante Juan Oscar Morales está satisfecho luego de conocer que un Gran Jurado acusó al propietario de la empresa Ecolift por un esquema de fraude en la venta de helicópteros al gobierno de Puerto Rico.

“El tiempo nos dio la razón, trataron de desvirtuar y desmerecer la investigación que llevamos desde la Comisión de Salud de la Cámara y recibí ataques de la oposición y de otros sectores del país. Nunca utilizaría mi posición para hacerle daño a nadie, juré que mi desempeño sería con responsabilidad y honestidad”, aseveró el presidente de la Comisión cameral de Salud.

Versiones de prensa apuntan a que la persona imputada es el empresario Ernesto Di Gregorio.

Recordó que la pasada Administración adquirió varios helicópteros a la empresa Ecolift y luego de las elecciones de 2016 se adquirió un helicóptero ambulancia en una compra irregular por cerca de $8 millones con fondos públicos.

El representante añadió que la investigación que se llevó a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara se inició luego que en las vistas de transición de 2016 sacaron a relucir que desde la Fortaleza -durante la pasada Administración- se dieron instrucciones para adquirir ese helicóptero expeditamente a un suplidor en particular sin subasta pública ni un proceso competitivo. “De hecho, la propia exsecretaria del Departamento de Salud, Ana Ríus, reconoció en vista pública que la compra fue impropia y que no la debió hacer”.

“Nos satisface que las autoridades federales están tomando acción sobre las compras fraudulentas de helicópteros bajo la pasada Administración y esperamos que terminen con la investigación de la compra del helicóptero ambulancia. Según trascendió en la vistas que realizamos, el proceso fue sin subasta y ordenado desde La Fortaleza al final del mandato de Alejandro García Padilla. Esa compra de $8 millones fue un fraude pues el helicóptero no tenía las licencias para operar como ambulancia, ni tenía el equipo necesario para hacer esa tarea”, insistió el representante.

Tras afirmar que la política pública de esta Administración es cero tolerancia contra la corrupción y mal manejo de fondos públicos, indicó que “la presente Asamblea Legislativa ha convertido en ley varias medidas del gobernador para atacar la ilegalidad en la gestión pública como aumentar las penas para los delitos de apropiación ilegal de fondos públicos, el Código Anticorrupción y la Ley para crear la Oficina del Inspector General. De igual forma, en febrero de 2017 el gobierno firmó un acuerdo con las autoridades federales para trabajar en conjunto varios delitos incluyendo la corrupción gubernamental”, agregó en comunicación escrita.

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