Rolando Rivera Solís, contratista implicado en un esquema de fraude millonario en el que figura como principal acusada una exejecutiva del desaparecido Doral Bank, solicitó que se revisen sus condiciones de libertad bajo fianza para poder salir de su residencia y trabajar.

La licenciada Melanie Carrillo, abogada de Rivera Solís, reclamó en una moción que se remuevan las condiciones de detención domiciliaria y supervisión electrónica que se le impuso a su cliente como parte de las condiciones para permanecer en libertad bajo fianza y que, de ser necesario, se haga una nueva vista de fianza.

Carrillo también presentó una segunda moción en la que informó que dialogó con el fiscal federal Luke Cass y con la oficial probatoria, y acordaron que su cliente permanezca bajo supervisión electrónica, pero que podrá salir de su casa a trabajar durante el horario de 8:00 a.m. a 8 p.m.

En la moción original, Carrillo recordó que en la vista de fianza se determinó que Rivera Solis no representa un riesgo de fuga, ni peligro a la comunidad, y que el crimen por el que se le acusa no es de violencia, ni relacionado con drogas, armas ni menores. Destacó que su representado no tiene convicciones previas, ni historial de uso o abuso de sustancias controladas.

Al recalcar que la fianza es para asegurar comparecencia a las vistas en el Tribunal Federal, indicó que Rivera Solís necesita trabajar porque tiene que mantener a su esposa y dos hijos. 

La abogada dijo que como parte de su trabajo como comerciante, Rivera Solis tiene que reunirse con clientes cuando ellos estén disponibles, lo que puede ocurrir "de un momento a otro", lo que dificulta que pueda notificarle al oficial probatorio con 24 a 48 horas de anticipación.

"Solicitamos que se le remuevan las condiciones de permanecer bajo detención domiciliaria y supervisión electrónica", dijo la abogada en el escrito.

Durante la vista de fianza contra Rivera Solís, la Fiscalía Federal argumentó que éste fue absuelto de un cargo por asesinato en Florida en 1993, y que tenía diez armas de fuego al momento de su arresto. Una de las armas no estaba registrada.

El juez federal Gustavo A. Gelpí refirió el asunto a la magistrada federal Silva Carreño Coll para que lo atienda.

Rivera Solis fue acusado junto con la exejecutiva Annelise I. Figueroa a finales de febrero pasado por conspirar para defraudar a Doral Bank por $2,350,000. Enfrentan 13 cargos criminales por fraude a instituciones financieras, aprobación indebida o malversación de dinero y lavado de instrumentos monetarios.

Según la acusación, Figueroa pagó en exceso los servicios de la compañía de limpieza SJ Tropical, de la cual Rivera Solís era su vicepresidente. Los pagos se produjeron de abril de 2008 a junio de 2011.

El nombre de Figueroa y de otros altos ejecutivos de la desaparecida institución bancaria salieron a relucir en una demanda de daños presentada por la viuda de Maurice Spagnoletti, ejecutivo de Doral, asesinado en junio de 2011. La misma fue retirada ante una investigación del asesinato que está en manos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Tirijala con esa fianza